El Gobierno de Venezuela emitió una respuesta oficial ante las recientes declaraciones de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), calificándolas como una extralimitación de funciones. Las autoridades venezolanas reiteraron que el organismo hemisférico carece de legitimidad para intervenir en el ordenamiento jurídico y político del país.
A través de un comunicado, se subrayó que la República Bolivariana de Venezuela no mantiene vínculos con la organización, tras su retiro formal. En este sentido, la administración venezolana calificó de improcedente cualquier observación emanada desde Washington sobre el desarrollo de sus procesos institucionales.
La postura oficial sostiene que la OEA incurre en una contradicción al intentar influir en la política nacional. Para las autoridades de Caracas, la soberanía reside exclusivamente en los ciudadanos y en las leyes vigentes dentro del territorio venezolano.
«La Organización de los Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo», enfatizó el Ejecutivo Nacional en su declaración.
Asimismo, la administración manifestó su extrañeza ante la línea discursiva adoptada por la actual directiva de la instancia internacional. Según el comunicado, resulta «profundamente disonante» que un funcionario de dicha instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden estrictamente al pueblo y a su orden constitucional.
El documento oficial también incluyó menciones directas hacia la actual gestión del organismo, señalando una supuesta continuidad en las políticas de la administración previa.
«Sorprende que el actual Secretario General pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro», sentenció la misiva oficial, aludiendo a las tensiones históricas que llevaron a la ruptura de relaciones con la OEA.
Finalmente, Venezuela reafirmó su compromiso con el principio de no intervención. Las autoridades aseguraron que la nación continuará su curso de «autodeterminación», calificando este ejercicio como un derecho inalienable de su población frente a lo que consideran presiones externas por parte de organismos multilaterales.
