En el informe acerca de Venezuela elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se conoció este jueves 4 de julio y que será presentado este viernes, la alta comisionada Michelle Bachelet hace un llamado al ejecutivo venezolano para que tome medidas de inmediato.
Estas son las recomendaciones:
- El ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que de manera inmediata:
(a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva;
(b) Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
(c) Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia;
(d) Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;
(e) Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;
(f) Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;
(g) Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;
(h) Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;
(i) Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;
(j) Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;
(k) Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;
(l) Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;
(m) Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.