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jueves, 28 marzo, 2024
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Entre rechazos, desplazados y enfrentamientos: La situación de Apure durante el mes de marzo

Alonso Calatrava/ Contrapunto

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Según las autoridades de Colombia sería ya 3.961 personas, de las cuales 2.563 son venezolanas y hacen parte de 1.028 familias, que habrían llegado esta semana al poblado de Arauquita

A inicios de la semana el Ministerio de Defensa confirmó dos fallecidos durante los presuntos enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el estado Apure. Un enfrentamiento que habría empezado desde la semana pasada en el poblado de La Victoria, el cual tiene un cercanía con el vecino país de Colombia.

Según la información oficial del Ministerio de la Defensa los fallecidos son: El mayor Edward Ramón Corobo Segovia C.I.V- 14.443.844, plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales “Tcnel Eliezer Otaiza”, y el Primer Teniente Yonathan Miguel Duarte C.I.V- 19.901.693, quien se desempeñaba como Comandante de la Segunda Compañía del 923 Batallón Caribe “Sucre”.

Luego de eso, empezaron a circular videos en los que se mostraba la destrucción de un punto de control de la Fuerza Armada y sede del Seniat en la población de La Victoria, en Apure; esta acción fue atribuida a disidentes de las FARC.

Para ese momento se conocía que al menos 1.500 personas habían sido desplazadas hacia Arauquita (Colombia) «huyendo del cruce de balas» entre los uniformados. Javier Tarazona, director de Fundaredes, difundió las imágenes por sus redes sociales.

El diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Julio Borges, responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro por la muerte de los dos miembros de la Fuerza Armada.

El dirigente opositor afirmó que “esta situación es consecuencia de la complicidad con grupos armados, a los que ha ofrecido refugio en Venezuela para actividades criminales”.

“Condenamos que 2 valientes oficiales murieran y otros efectivos militares resultaran heridos en una operación contra fuerzas irregulares”, expresó Borges en su cuenta en Twitter.

Esta misma semana, la cifra de desplazados por estas acciones ha sido motivo de preocupación para Human Rights Watch. El director para las Américas, José Miguel Vivanco, calculó que la cifra había subido a 3.000 “venezolanos que han llegado a Arauquita (Colombia) huyendo de enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las FARC”.

“Estamos monitoreando la situación. La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil”, dijo Vivanco en su cuenta de Twitter.

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 pidió llevar adelante las acciones internacionales necesarias para denunciar “ante instancias de derechos humanos las agresiones de las que somos objeto” por parte del gobierno de Colombia.

El presidente de este Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que el organismo ya adelanta investigaciones “sobre las acciones que han fraguado” en Colombia, como el intento de asesinato de Nicolás Maduro y la denominada Operación Gedeón, hechos organizados en Colombia, “con la injerencia de Iván Duque” y el apoyo de grupos de inteligencia de otros países.

Incluso, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el miércoles que pedirá la ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para desactivar minas antipersonales en la occidental región de Apure, tal como lo reseñó EFE.

A través de un comunicado, funcionarios de Maduro denunciaron que estos grupos armados, que asegura provienen de Colombia y a los que acusó de ataques contra instalaciones del Estado, han sembrado minas antipersonales en el estado de Apure, por cuanto solicitará ayuda de la ONU para una operación de desminado; sin embargo, no ofreció mayores detalles.

Para este viernes ya serían 4.000 venezolanos los desplazados «que siguen llegando a Colombia». Las autoridades de Colombia hablan de 3.961 personas, de las cuales 2.563 son venezolanas.

«Ese es el resultado de esta incursión terrorista en territorio venezolano que ha tenido como consecuencia este desplazamiento”, afirmó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en una declaración.

La diputada electa en 2015 y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, descartó “que la presencia de militares sea para acabar con la presencia de grupos irregulares en la zona”.

“Esto evidentemente ha generado el incremento de la crisis humanitaria compleja que vivimos en el país, y su desplazamiento genera grave violación de Derechos Humanos. También incrementa la crisis que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana y el terrible estado en que se encuentran los migrantes venezolanos”, expuso Solórzano según nota de prensa.

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