La Federación Venezolana de Maestros (FVM) se pronunció este jueves #10Se sobre las condiciones que enfrenta el magisterio ante el inicio del nuevo año escolar 2026-2027 el cual está pautado para el próximo #14Sep.
“Comenzamos mal”; así lo manifestó Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, al condenar que el año escolar comience el próximo lunes y no el 16 de septiembre, como está fundamentado en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, el cual subraya en su articulado que estas actividades inician el primer día hábil de la segunda quincena del referido mes.
Durante rueda de prensa, la dirigente gremial indicó que este comienzo de año escolar está sumido “en una profunda incertidumbre”, puesto que aseguró que las condiciones materiales e institucionales actuales comprometen “gravemente” el ejercicio de la profesión docente y el derecho a una educación de calidad.
Por otra parte, indicó que el salario de los docentes venezolanos es un “ingreso simbólico” dado que mensualmente perciben 0.20 dólares el cual, añadió, no se compara con el valor de la canasta básica que, en el mes de agosto, llegó hasta los 727 dólares.
Además de esto, Máquez aseguró que “gran parte” de las instituciones educativas de la nación no están en las condiciones de albergar a la población estudiantil ni a sus trabajadores.
“La mayoría de los centros escolares del país carecen de servicios básicos indispensables (agua potable, electricidad y saneamiento) y sufren la falta estructural de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta fragilidad se ha visto peligrosamente agravada tras el reciente evento sísmico que afectó a diversas regiones del país, dejando instalaciones con severos daños estructurales que comprometen la seguridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo”, dijo.
Ante esto, la FVM exigió a la administración de Delcy Rodríguez inspecciones técnicas a los colegios que garanticen espacios “dignos, habitables y seguros” para el recibimiento de los estudiantes. También, dignificación y atención al docente en cuanto a salarios dignos, protección social, indexación y ajuste urgente de los sueldos, además de la restitución de las contrataciones colectivas y derechos laborales progresivos.
“Condiciones dignas para enseñar y aprender”, es otra de los exhortos al Ejecutivo para que los planteles gocen de dotación de material pedagógico, programas de alimentación escolar e infraestructuras bioseguras.
“Ante las condiciones tan adversas, el inicio de clases no puede ser visto como una rutina normalizada, sino como un llamado al respeto a la dignidad humana del docente y a la exigencia de sus derechos consagrados en la legislación nacional”, sentenció.
“Es una irresponsabilidad”
La dirigente gremial calificó como “irresponsabilidad” el llamado de retorno a aulas de clases sin que exista un informe técnico de todos los planteles educativos que garantice la habitabilidad de estas infraestructuras tras el doble terremoto que afectó el pasado #24jun a la nación.
“¿Estarán las 27 mil escuelas en condiciones óptimas para comenzar las clases? No hay un informe y más en los estados donde el doble sismo provocó daños severos como en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Caracas.
«Es una irresponsabilidad realmente del Gobierno dar inicio sin las escuelas en buen estado», mencionó al tiempo que subrayó que desde la Federación no se maneja un número de docentes, trabajadores de la educación ni estudiantes fallecidos por el fenómeno geológico.
Reubicación de alumnos
Carmen Teresa Márquez también se refirió sobre la rezonificación de los estudiantes de colegios afectados parcial y totalmente. La dirigente gremial cuestionó el plan del Ministerio de Educación y dejó ver que llevar a cabo esto puede afectar la educación de calidad que pretende darse en los colegios por la sobre población de estudiantes.
«Al llevar 500 alumnos de una escuela a otra escuela, que también tiene 500 alumnos, ¿Cómo va a ser esa educación?», se preguntó Márquez al tiempo que recomendó dar un tiempo para que se organicen «bien las cosas».
En este sentido, añadió que la rezonificación de los centros educativos en La Guaira se realizó sin un previo consenso con ninguna comunidad lo que, a su juicio, presenta «visos de arbitrariedad» que podría agudizar la situación.
