Familiares de las personas procesadas bajo las denominadas causas «TanCol» denunciaron graves irregularidades en los procedimientos judiciales y policiales que mantienen privados de libertad a sus allegados, al tiempo que ratificaron la exigencia de una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.
En declaraciones ofrecidas a Contrapunto.com, los voceros del comité de familiares indicaron que han acudido a múltiples instancias gubernamentales con el objetivo de exponer la arbitrariedad de las detenciones y pedir una solución definitiva.
Según manifestaron los afectados, autoridades del propio sistema de justicia han reconocido de manera informal la falta de pruebas en los expedientes. Uno de los testimonios recogidos en la entrevista señala que en los tribunales «la misma juez se lo dijo: ‘por nosotros ya se hubiesen ido ustedes en libertad hace mucho rato porque no hay evidencia para tenerlos aquí'».
De igual forma, explicaron que las decisiones parecen responder a directrices superiores, argumentando que «la orden es de arriba, de arriba, de arriba» y cuestionando el origen de tales mandatos dentro de la estructura institucional.
Las denuncias vertidas por los parientes describen operativos irregulares con personas «armadas, encapuchadas, vestidas de negro, sin placa de vehículo» que realizaron «simulación de ejecución» durante el traslado de los detenidos.
Asimismo, afirmaron que en las actas policiales se incorporaron evidencias sin sustento o ajenas a actividades delictivas, mencionando casos donde la fiscalía presentó como elementos incriminatorios objetos de uso cotidiano o laboral, tales como «una caja de Ringer que es solución 09», «unas botas verdes de pescar» y un «uniforme militar» que pertenecía a una tercera persona que acudió a declarar formalmente. En otros casos, denunciaron la redefinición de nombres comerciales como alias delictivos.
Sobre el origen de las aprehensiones, las familiares explicaron que varias detenciones ocurrieron en el contexto del conflicto armado registrado en La Victoria, estado Apure, asegurando que se procesó a ciudadanos que no guardaban relación con los hechos con el fin de cumplir con cuotas numéricas.
«Ahí se fue estadística y eso siempre lo recalcaron: ustedes hacen parte de, nos mandaron por 150 y 150 tenemos que presentar», relató una de las voceras respecto a los señalamientos recibidos durante la custodia. A esto sumaron la interrupción continuada de las audiencias por falta de despacho en los tribunales y los obstáculos para acceder a atención médica especializada para los reclusos que presentan complicaciones de salud.
Ante el diferimiento de las causas y la falta de respuesta institucional tras meses de gestiones en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, los familiares insistieron en que la vía legislativa y política es la alternativa necesaria.
«Nosotros apostamos por la amnistía para todos los casos» porque este recurso «permite que no queden registros policiales ni penales» para proteger a las víctimas. El colectivo adelantó que mantendrá una agenda de movilización activa para visibilizar no solo los 67 expedientes que agrupa el comité, sino el total de los casos vinculados a este patrón procesal en el país.
