«Desde el año 2023, la administración de aquella época eliminó a los pensionados y jubilados el Cestaticket y otros beneficios que se perdieron», así lo afirmó Diova Márquez, trabajador de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) y secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Fontur, quien pide a las nuevas autoridades restablecer los beneficios laborales que fueron arrebatados durante los años anteriores.
En declaraciones ofrecidas al equipo reporteril de Contrapunto.com, y desde la sede del Ministerio de Transporte– lugar donde trabajadores jubilados reclamaron la restitución de sus beneficios- el trabajador Diova Márquez pidió a la nueva presidenta de Fontur, Mirla Yris Castellano Villarreal, ponerse de lado de los trabajadores que le entregaron tantos años a la empresa.
«Pedimos a la nueva presidenta que tome cartas en el asunto y gestione con el ministerio de Transporte para que esas y muchas otras cosas sean restablecidas y se les reponga a todos los jubilados los beneficios perdidos», comentó.
Márquez, quien ya tiene 16 años trabajando en Fontur, aseguró que le faltan pocos años para salir jubilado de la institución por lo que decidió apoyar las acciones de calle para que esta situación mejore cuando le salga el beneficio cuando deje de trabajar.
«Yo voy a ser jubilado también, me falta poco. Entonces claro, estamos apoyando a los compañeros a nivel del ministerio y a nivel nacional porque también los que vamos por allá vamos a confrontar la misma situación porque es que es una cuestión de un principio humano, que los trabajadores, la clase trabajadora disfrute de los beneficios que durante años de servicio le ha dado al Estado», dijo.
«Tenemos la obligación moral de apoyarlos en esa justa protesta», añadió Márquez al sumar que la situación que atraviesan los jubilados de Fontur es «precaria». «Para nadie es un secreto que la situación económica, la situación país, ha hecho que el salario y los beneficios prácticamente se vuelvan sal y agua.
Por otro lado, Marquez lamentó que la institución otorgue un tope mensual de 25 dólares para la adquisición de medicamentos y, además, la institución ignore la orden de reenganche de trabajadores que fueron despedidos en años anteriores.
