Decenas de familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, para exigir la «liberación masiva» de los detenidos y rechazar que este proceso se realice «a cuentagotas».
Activistas de la Alianza por la libertad, un colectivo que permanece hace más de 40 días afuera de la Embajada de EE.UU. en Caracas para pedir ayuda a este Gobierno, extendieron una pancarta con el mensaje «Libertad para todos los presos políticos», mientras sostenían también fotos de sus parientes.
«Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con un mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados», dijo a EFE Gabriela Álvarez, en referencia a la vía de diálogo acordada entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo.
Álvarez reiteró esta demanda hecha por el grupo la semana pasada y pidió el apoyo de Estados Unidos para liberar a los presos políticos, que son 372 según Foro Penal, la organización que lidera la defensa de personas que considera injustamente detenidas o sometidas a un proceso judicial irregular.
En el lugar, había familiares de presos políticos -como Magaly Sánchez, de 56 años- que viajaron a Caracas desde otros estados para participar en la protesta y visitar a sus parientes detenidos.
Sánchez, quien dijo a EFE que vive en Monagas (a unas siete horas de Caracas), pagó 40 dólares para trasladarse a la capital junto a su nieta y así visitar a su hijo Félix Aguilera, arrestado desde 2024 y a quien considera «injustamente detenido».
Por su parte, Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui (este), Carlos Vidal, pidió su liberación al asegurar que fue víctima de una «componenda política».
El exfuncionario fue arrestado en 2022 y acusado de liderar una red dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de gasolina, informó en enero de ese año el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, actualmente detenido y vinculado a una trama de corrupción en el sector petrolero.
Familiares de presos políticos han hecho numerosas protestas para exigir la liberación de sus parientes y han pernoctado en diversas cárceles a raíz del anuncio en enero de excarcelaciones masivas y la aprobación de una ley de amnistía en febrero.
Este instrumento jurídico contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
El proyecto de esta ley fue presentado en enero por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas.
