Este lunes 7 de agosto manifestaron y entregaron un documento en el PNUD
Con pancartas y consignas los familiares de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión se reunieron este lunes 7 de agosto en la sede del PNUD, en Caracas, para pedir el apoyo de la comunidad internacional a fin de lograr su libertad.
El megáfono multiplicó la voz de personas como Yorbelis Oropeza, esposa de Acides Bracho, quien se dirigió al fiscal Tarek William Saab. En el expediente «no hay ni una prueba», aseguró. «Tú tienes la desfachatez, el descaro, de decir que mi esposo no es trabajador».
Además de recriminar al fiscal Saab, Oropeza pidió apoyo del fiscal de la CPI, Karim Khan.
Yesifer Requena, esposa de Alonso Meléndez, espetó a Saab que nadie le puede negar el derecho de reclamar «como víctima de esta banda de criminales». Afirmó que, con la sentencia de 16 años de cárcel, se está amenazando a todo el pueblo.
Como lo detallaron en el documento que entregaron, solicitan «la inmediata libertad de los dirigentes sindicales y luchadores sociales víctimas de la criminalización y judicialización del ejercicio de los derechos económicos y sociales que amparan al salario, la seguridad social y la contratación colectiva».
Parece que ahora, para ser libre y gozar de la sociedad, hay que ser corrupto, criticó Pedro García, presidente de la asociación de educadores jubilados.
Alcides Bracho «es un ejemplo para los trabajadores y el pueblo venezolano: premio nacional de artes plásticas, profesor de educación media y dirigente del Movimiento Simón Rodríguez», expresó Dick Guanique, dirigente del Comité de Conflicto.
Gricelda Sánchez, presidenta de Fordisi, aseveró que no es posible que en Venezuela haya tantos trabajadores presos por defender sus justos reclamos.
En el país se condena a los trabajadores y los ladrones «no sabemos dónde se encuentran», deploró Roberto Carpio, dirigente de los jubilados del Ipasme.
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, manifestó su solidaridad con los seis dirigentes. «Se condenó a seis hombres a 16 años sin tener elementos de convicción. Estamos frente a un Estado forajido, que usa el derecho para someter y silenciar a la clase trabajadora».
«No son malhechores, son trabajadores», expresaron.
