El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que la derogación de la Ley de Amnistía constituye una «arbitrariedad» debido a que una decisión de este tipo «no es competencia del Ejecutivo Nacional».
Señalan en sus redes sociales que «esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando».
«Hemos afirmado que, pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes», indica la Organización No Gubernamental.
Asimismo señalan que «la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas».
Citan las cifras de la ONG Justicia Encuentro y Perdón que señalan «que 670 presos políticos continúan en las cárceles del país. Por ello, urge la liberación plena e inmediata de estas personas y el fin -mediante su derogación-, de las leyes que han sido empleadas para criminalizar y perseguir a la disidencia».
