La agresión de civiles armados contra madres de presos políticos a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lleva al defensor de derechos humanos Marino Alvarado, dirigente de Provea, a solicitar de nuevo que se disuelva a los llamados «colectivos».
«La violencia desatada por colectivos, o grupos paramilitares progobierno, en la noche del 5 de agosto contra los familiares de presos políticos, en su mayoría madres, es un precedente que no habíamos tenido en la historia política contemporánea», señala. Hasta la fecha «se había respetado a los familiares de los presos», pero lo sucedido en el TSJ «demuestra hasta dónde han llegado los niveles de represión en el país».
«Haber reprimido a los familiares de los presos no solamente es un acto de represión; es un acto de maldad. No solamente el gobierno es represivo; el gobierno le está metiendo a la maldad», reprocha.
Recordó que estos grupos son investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «como partícipes, también, de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país». Alvarado acotó que, desde 2014, estos grupos presuntamente son responsables de «detenciones para entregar a los cuerpos policiales; detenciones para encarcelar en cárceles privadas que tienen y donde el Ministerio Público ha tenido información porque se han presentado los casos». También, afirma, «de asesinato de manifestantes, además de trato cruel e inhumano». Esto ha ocurrido, sentencia, «con apoyo del gobierno», ya que, incluso, las autoridades han felicitado la actuación de estos grupos y se han hecho «falsos actos de entrega de armas y meses después aparecen reluciendo sus armas».
Por eso, remarca, «los grupos colectivos tienen que disolverse si de verdad se quiere paz». El país no necesita represión, subraya; Venezuela requiere de convivencia, «y para esa convivencia una de las medidas que debe tomar el gobierno es disolver los grupos colectivos que viene apoyando desde hace mucho tiempo y que ha utilizado como instrumento de represión contra la protesta».
Hasta la fecha "se había respetado a los familiares de los presos", pero lo sucedido en el TSJ con madres de presos políticos "demuestra hasta dónde han llegado los niveles de represión en el país", condenó @marinoalvarado, integrante de @_Provea https://t.co/8FhUhks8cl pic.twitter.com/f1NfD6qVfQ
— contrapunto.com (@contrapuntovzla) August 8, 2025
-¿Cómo sabe que fueron colectivos?
-Están plenamente identificados por los uniformes que usan, su vestimenta negra. Muy cerca, a escasos 70 metros, estaba una alcabala de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y muy cerca de una alcabala permanente que tiene la Policía Nacional Bolivariana. La custodia del TSJ la tiene la Guardia Nacional Bolivariana, y minutos antes de que ocurrieran los hechos se retiraron los vehículos de la PNB. Ellos que se retiran y aparecen los más de 70 integrantes de colectivos, según la información que han transmitido los familiares.
-¿Qué pruebas tiene de que el gobierno apoya cosas como esta?
-Se han cambiado normativas y se les da a los colectivos la responsabilidad del orden público. Posterior a la pandemia, en las protestas que hubo después de 2020. Ha habido actos públicos donde altos funcionarios, y hasta el fiscal general de la República, han participado en actos donde han estado integrantes de colectivos. Los ministros de Relaciones Interiores que han pasado, desde Rodríguez Torres, hasta antes de Cabello. Ha habido alcaldes en eventos donde están colectivos. Es decir, ha habido apoyo a los colectivos. El propio Maduro dijo, en 2019, que convocaba a los colectivos a combatir a los grupos terroristas.
