No hay proyecto político que deba estar por encima de los seres humanos. Lo enfatiza el defensor de derechos humanos Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Para Murillo el llamado es claro: a cumplir con la Constitución y a respetar la dignidad humana. «La dignidad humana debe estar por delante de cualquier proyecto político. Este proyecto político está derivando hacia un modelo autoritario que pone en riesgo y pone en vulnerabilidad a todos los ciudadanos, porque en este momento, y lo decimos responsablemente, cualquier ciudadano puede ser llevado por un cuerpo de seguridad sin audiencia previa, sin procedimiento judicial previo, y ser sometido a meses de aislamiento e incomunicación».
Uno de los casos es el del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien sigue preso en el Helicoide sin que sus familiares puedan visitarlo y sin derecho a la defensa, como lo advirtió Provea. Murillo informó que están haciendo un recuento de todos los procedimientos que se han violentado en su caso y aseveró que hay «una violación sistemática de todos sus derechos».
También indicó que están evaluando las posibles acciones judiciales «porque vamos a seguir exigiendo a las autoridades y a los poderes públicos de Venezuela que se cumpla la Constitución y que se cumplan las leyes».
Hasta la fecha no han podido visitarlo, pero saben que está en el Helicoide porque «después de la presión que hicimos, los organismos multilaterales y la opinión pública internacional», las autoridades reconocieron que estaba en esa sede del Sebin. «Desde ese momento su esposa ha podido llevarle enseres, su comida, pero no ha podido tener la visita. Es decir, el equipo de Provea no ha podido constatar cuál es el estado de salud físico y mental de nuestro compañero Eduardo Torres».
«No nos vamos a cansar de levantar la voz, alto y claro, para denunciar lo que se ha venido consolidando en el país en contra de los derechos humanos, que es el sometimiento a la gran e inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas por razones políticas en el país, que han sido sometidas a procesos de prolongado aislamiento e incomunicación», remarcó Murillo.
No se permiten las visitas de los familiares y los juicios no avanzan «porque tampoco hay oportunidad de revisar los expedientes por parte de abogados de confianza», ya que a todos se les han impuesto defensores públicos.
«Tenemos el caso del exministro Rodrigo Cabeza, sus hijas, sus familiares, a quienes nosotros atendemos y extendemos nuestra solidaridad», enfatizó. Sobre Cabeza no ha habido información oportuna y clara.
«Hay otros familiares que están exigiendo fe de vida, que están exigiendo saber las condiciones de salud en las que se encuentra su familiar», reiteró.
Por eso, Murillo renovó su llamado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, porque son las instituciones «llamadas a proteger y a garantizar» los derechos judiciales. Aclaró que no pueden hablar sobre el fondo de los casos «porque no estamos viendo los expedientes», pero sí «pedimos que se cumpla el debido proceso».
En otras palabras, «que se restablezca la comunicación con sus familiares», porque esto «no puede normalizarse». El activista pidió a figuras de los poderes públicos pensar qué pasaría si son detenidas mañana «y resulta que les niegan la comunicación con su familia, los someten a un prolongado aislamiento, les niegan la posibilidad de que se juramente un abogado de confianza. ¿Hacia dónde más tenemos que retroceder en nuestros derechos y en el ejercicio de nuestros derechos».
