Justicia, Encuentro y Perdón alertó este lunes que hay 21 personas en situación de desaparición forzada en Venezuela.
«De los casos documentados con rigor, se tiene registro de 21 personas en situación de desaparición forzosa, de las cuales 7 son mujeres. El patrón geográfico es claro: el centro del poder político es el epicentro de las aprehensiones, con 15 detenciones ocurridas en Caracas. Estos datos evidencian el desarrollo de lo que organismos internacionales denominan «desapariciones de corta duración», un método que busca maximizar la vulnerabilidad en las horas críticas tras la aprehensión y que, en diversos casos, se extiende de forma indefinida», explicó la organización en un mensaje en redes sociales.
Como lo señaló la ONG, los informes técnicos identifican una forma de proceder que implica tres etapas:
- Aprehensión sin notificación: Detenciones ejecutadas por cuerpos de inteligencia sin orden judicial previa y sin información a los familiares.
- Falta de reconocimiento institucional: La respuesta estandarizada en sedes policiales y tribunales de que «la persona no se encuentra en los registros».
- Limitar la efectividad del Habeas Corpus: Al no reconocer la detención, los mecanismos judiciales de protección se vuelven inoperantes, dejando a la persona temporalmente fuera del amparo de la ley y desprotegida ante posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de reclusión.
JEP expuso la situación de tres personas en desaparición forzada:
«Hugo Marino Salas (7 años de incertidumbre): Buzo profesional especializado en rescate submarino, desaparecido tras su detención el 20 de abril de 2019 en el Aeropuerto de Maiquetía. Su caso es una de las deudas más profundas del Estado venezolano; Marino poseía conocimientos técnicos críticos en salvamento y rastreos. Hoy, su madre Beatriz Marino, de 83 años, representa la lucha contra el tiempo y el olvido. Tras más de siete años, el Estado no ha ofrecido una sola versión veraz sobre su paradero, salud o situación legal, sometiendo a su madre y esposa a una espera que desafía cualquier noción de humanidad».
«Jorgen Yoneiker Guanares Delgado (El costo de la verificación ciudadana): Detenido el 2 de agosto de 2024 en Táchira por la Dgcim bajo cargos de «terrorismo» tras participar en el ejercicio ciudadano de reconteo de votos. Aunque inicialmente se admitió su custodia, su madre, María Emely Delgado, ha denunciado que desde entonces la información ha sido nula o contradictoria. Tras más de 21 meses de exigencia constante de una «fe de vida», su caso ilustra la criminalización de la defensa del voto y las dificultades de los familiares, como su madre, recorren centros de detención sin obtener más que silencio y opacidad».
«Henry Castillo Molero (La detención como mecanismo de extorsión): Detenido en enero de 2025 durante un operativo de la Dgcim. Su caso expone una faceta alarmante del patrón de sippenhaft: la utilización de familiares como «rehenes» para presionar la entrega de terceros (en este caso, su sobrino Christian Hernández, vinculado por el gobierno a la llamada «Operación Oro»). A pesar de que Hernández se encuentra en el exilio, Castillo Molero permanece en desaparición forzada, evidenciando que el Estado utiliza la libertad de los ciudadanos como una ficha de canje en sus operativos de inteligencia».
