Marino Alvarado, el abogado, defensor de DDHH y ex-coordinador general de la organización de derechos humanos Provea, asistió al Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de la esposa y la madre de Eduardo Torres para introducir un habeas corpus a favor de Torres, quien desde el viernes 9 de mayo se encuentra desaparecido y se presume que fue encarcelado por organismos de seguridad del Estado.
«Este lunes 12 de mayo acudimos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a presentar un recurso de «hábeas corpus» a favor de nuestro compañero Eduardo Torres, detenido arbitrariamente el pasado viernes 09 de mayo y quien se encuentra en condición de desaparición forzada #DóndeEstáEduardo», publicaron en sus redes sociales.
«En compañía de la esposa y la madre del activista de DDHH, ejercimos esta acción para solicitar a las autoridades judiciales que exijan información a los organismos policiales y/o militares que permita conocer el paradero y las condiciones de reclusión en las que se encuentra Eduardo Torres. Insistimos en que, ante la ausencia de información oficial sobre el paradero de Torres y sin haber sido presentado ante la autoridad judicial, estamos en presencia de un nuevo caso de desaparición forzada y de abierta violación al artículo. 44 de la Constitución y al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen el derecho a la defensa y la obligación de presentación ante tribunales dentro de las 48 horas siguientes a la detención», expresó.
En ese sentido, la organización recordó que este domingo, «la esposa de Eduardo Torres, junto a miembros de nuestro equipo, esperó por más de 7 horas a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas para que fuera recibido el escrito de «Hábeas Corpus«, pero las autoridades del Circuito Judicial Penal de Caracas, encabezadas por la jueza rectora Carolina Molinos Romeros, no «autorizaron» la recepción del documento sin ofrecer detalles y en abierta violación del artículo 27 de la Constitución Nacional y de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal».
«Denunciamos y lamentamos que la negativa de los tribunales penales de no recibir escritos de Hábeas Corpus, se haya convertido en una práctica reiterada que viola los Pactos Internacionales de protección de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes, y lesiona severamente el derecho a la tutela judicial efectiva generando graves riesgos para la vida y la integridad personal de las víctimas y sus familiares. Reiteramos que el Estado venezolano es responsable de garantizar la vida e integridad de nuestro compañero Eduardo Torres. Exigimos información sobre su paradero y su libertad plena e inmediata», expresaron.
