Los familiares de más de 90 obreros de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes fueron detenidos entre 2024 y 2025, exigieron este jueves su libertad plena y la inclusión en la Ley de Amnistía, en discusión en el Parlamento, por considerar que se trata de un caso político.
Así lo hicieron saber las abogadas Zimarú Fuentes y Ledis Serrano, además de Ana Alfaro y Gilda Rossé, todas esposas, madres e hijas de los trabajadores que permanecen en distintas cárceles venezolanas.
Estas mujeres acudieron en compañía de la dirigente política Lustay Franco al programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, donde denunciaron que sus familiares han sido torturados, desaparecidos y no cuentan con un defensor privado.
También dijeron que algunos tienen diversas patologías y otros están en un constante estrés debido al trato cruel al cual son sometidos en las prisiones.
A modo de contexto es bueno saber que se trata de dos grupos de trabajadores. Según estimaciones de estas mujeres, un primer grupo está conformado por 73 obreros que laboraban en las instalaciones de la petrolera en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y que fueron detenidos en octubre de 2024 por presuntamente contrabandear hidrocarburo.
La abogada Zimarú Fuentes dijo que hay más obreros presos por este caso específico, pero solo 73 han decidido sumarse a la causa que llevan sus familiares.
En su caso, el padre de sus hijas, de nombre Larry José Molla Alfaro, está detenido, aunque dejó claro que no es trabajador de la industria, sino que fue vinculado por una relación de llamadas por ser exmilitar.
La otra causa tiene que ver con 24 trabajadores del muelle Amuay, en Paraguaná, estado Falcón, quienes fueron apresados en junio de 2025, a raíz de un error humano de un obrero, a pesar de que de inmediato se hizo la corrección y el gerente pasó el reporte a sus superiores.
Este gerente es Junior Contreras, quien tiene ocho meses detenido en Yare, estado Miranda, y es hijo de la abogada Ledis Serrano.
Todos estos trabajadores fueron culpados de legitimación de capitales, contrabando de hidrocarburo y asociación para delinquir, sin embargo, aún las autoridades no han presentado las pruebas de los delitos ni los han pasado a juicio.
Sobre el particular, la dirigente Lustay Franco explicó que la ley de amnistía debe ser lo suficientemente amplia para que abrigue a los trabajadores de PDVSA que están presos sin prueba alguna en Venezuela.
Incluso hizo ver que ni la Federación de Trabajadores Petroleros del país ni ninguna otra institución ha dado respuesta a estos casos por miedo y celebró la determinación de estas mujeres que han dado la cara para conseguir la libertad de sus familiares.
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