«La situación de los derechos humanos es muy crítica», afirma Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. «Como sindicalista debo decir que los derechos de los trabajadores, que son los derechos de la familia, han sido vulnerados», sostiene Argelia Castillo, secretaria general de Apufat-UCV. «El gobierno habla de emprendimientos, pero yo lo que veo es gente vendiendo ropa usada y zapato viejo», asegura Ana Yánez, de Unete. A este 10 de diciembre «llegamos en condiciones de resistencia, y eso es lo que quiero destacar», subraya el abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos
La sonrisa con la que Rosario Ríos, esposa del dirigente sindical Eudis Girot, termina este 2022 no es completa. Este año Ríos logró la excarcelación de Girot luego de una lucha legal y de calle, pero todavía quedan presos políticos en la cárcel y todavía hay derechos laborales que no se respetan en Venezuela. El país llega al Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, con un balance en rojo, de acuerdo con la evaluación de organizaciones de derechos humanos.
«La situación de los derechos humanos es muy crítica, y ahora estamos lamentablemente acompañados de todos los mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Por qué digo lamentable? Porque la situación que reflejan sus informes es muy dura; ojalá estuviéramos celebrando avances», enfatiza Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Argelia Castillo, secretaria del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (Apufat-UCV), aseguró que no hay nada que celebrar en Venezuela. «Los derechos humanos se han vulnerado, sobre todo, este último año. Como sindicalista debo decir que los derechos de los trabajadores, que son los derechos de la familia, han sido vulnerados. Son los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque a un padre, cuando le están disminuyendo su sueldo, le están afectando los derechos de las familias». Este año ha sido peor, sostuvo Castillo, por el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). También, porque los trabajadores no tienen acceso ni siquiera a la alimentación, ni a una vivienda, ni al agua.
Hoy «los derechos humanos no existen», afirmó Ana Yánez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete). «Si nosotros leemos la carta de derechos humanos podemos enumerar cada uno de los derechos que existen y que hoy se violan en Venezuela. No hay servicios públicos, que es lo mínimo que le da calidad de vida al ciudadano para sobrevivir». Yánez, además, enfatizó que la libertad está «totalmente reprimida: el que tuitea, el que critica, el que escribe algo por Facebook y se atreve a dar declaraciones duras contra lo que está ocurriendo en este país puede ser objeto de represión, persecución y prisión».
El informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones unidas presentado en septiembre pasado ha documentado «122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM, desde 2014 hasta la actualidad. Los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas». Por lo general, se torturaba a las personas detenidas durante los interrogatorios que tenían lugar inmediatamente después de la detención, pero en algunos casos se torturó a algunos detenidos durante períodos superiores».
La Misión «investigó 51 casos en los que los agentes del Sebin torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Algunas sesiones de tortura duraban días o semanas. La tortura y los malos tratos solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal, mientras la persona detenida estaba incomunicada». Los actos solían cometerse durante los interrogatorios, para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales, o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas o a otras, en particular a los líderes de la oposición de alto perfil».
Derechos de los trabajadores
Con un salario mínimo de nueve dólares o menos las perspectivas para trabajadores y pensionados son desalentadoras. «No hay un Estado que garantice seguridad social ni a los jubilados ni a los pensionados ni a los niños. La gente está deambulando por las calles, comiendo de la basura. El gobierno habla de emprendimientos, pero yo lo que veo es gente vendiendo ropa usada y zapato viejo; ese es el emprendimiento que veo en las calles de Caracas», critica Yánez.
Hay muchísimos problemas, reconoce el abogado Eduardo Torres, activista y defensor de derechos humanos, pero a este 10 de diciembre «llegamos en condiciones de resistencia, y eso es lo que quiero destacar: resistencia gracias a la unidad, a la solidaridad, a la familia venezolana que no se acostumbra ni normaliza los atropellos constantes a los derechos humanos». A juicio de Torres «los 30 derechos humanos incluidos en la Carta de Naciones Unidas están vulnerados; los 30». Se violentan los viejos y también los nuevos, porque ni siquiera se garantiza el acceso al internet, destaca.
El derecho a la paz, sentencia Torres, es una quimera en el país. «La paz viene con la satisfacción de las necesidades. Paz es cuando hay una armonía
Para el próximo año la perspectiva es «calle y lucha», anticipó Argelia Castillo. Incluso, Ana Yánez solicitó que la comunidad internacional observe con más atención la situación venezolana en 2023 «porque no tenemos salario, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos libertades, no tenemos calidad de vida». Aunque las decisiones de los organismos internacionales «no son vinculantes para el régimen de Maduro, puede hacer un llamado para que se vea lo que está ocurriendo en el país».
