¿Comenzaron las violaciones de derechos humanos en 1959, 1989 o 1999? ¿Puede el Estado venezolano, doblegado en una disputa de poder, asumir un registro único de víctimas? Estas son algunas interrogantes que intentan responder investigaciones como las de la profesora María Josefina Ferrer y el investigador Luis Cedeño
¿A partir de qué año debe comenzar a hacerse un registro de violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿Quién debe elaborarlo? Estas son algunas de las preguntas que Paz Activa intenta responder con la perspectiva de la justicia transicional. “Los procesos de justicia transicional no son una carrera; son un maratón”, enfatizó el pasado miércoles Luis Cedeño, director de Paz Activa.
La profesora María Josefina Ferrer, victimóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, indicó que en la actualidad no hay datos consolidados y señaló que se debe trabajar en un registro único de víctimas.
“El Estado debe y tiene la responsabilidad de dar información periódica y transparente sobre esos temas que ellos manejan y que son su responsabilidad, pero no lo hace”, indicó. “Por eso es que la sociedad civil ha asumido ese papel visibilizando unas víctimas que no se sabe si están en los registros. A lo mejor el Estado los lleva, pero los lleva a puerta cerrada y no da información”.
Este es un tema demasiado importante “para que esté en manos del gobierno de turno”, señaló Ferrer. “Esto tiene que estar en manos de todos”.
No hay respuestas únicas. Paz Activa, aclaró la investigadora, “propone abrir el debate para que todos participemos y decidamos si debe ser un solo registro, si deben ser varios”. La aspiración de Ferrer es que el registro de víctimas “sea liderado por el Estado”.
Las pesquisas de la comisión de la verdad que lideró en su momento la fiscal Luisa Ortega Díaz (destituida por la asamblea constituyente en 2017) aportaron información valiosa “y nos abren luces sobre hechos victimizantes que no aparecen pero deberían aparecer en los registros oficiales”.
Otro tema que debe ser debatido y acordado es qué año se toma como referencia para las reparaciones. En la diatriba política venezolana hay personas y organizaciones que piensan que las violaciones comenzaron en 1999 con el proceso chavista, y otras que defienden la tesis de que debe incorporarse todo lo sucedido desde 1959 con la democracia representativa. Lo importante, apunta Ferrer, es “llegar a términos que sean posibles”, porque de lo contrario podría suceder algo similar a lo de México: “El Estado no está reparando porque no hay recursos ilimitados” debido a que el marco de referencia es muy amplio.
Las violaciones de derechos humanos no prescriben, recordó Cedeño, porque “no hay una fecha en la que puedan caducar”. Y como no es una carrera sino un maratón “lo que podemos hacer nosotros en este principio del maratón es no olvidar, ¿y cómo no olvidamos? Registrando. ¿Y cómo registramos? Si no tenemos posibilidad de registrar desde el Estado, entonces apelamos a la sociedad civil”. El director de Paz Activa cita dos casos: Cofavic, que comenzó para acompañar a las víctimas de El Caracazo, en 1989; y Justicia, encuentro y perdón, fundada por la madre de una joven asesinada por funcionarios policiales en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2014.
Es perentorio delimitar el lapso y el propósito para hacerlo de manera responsable, y eso le corresponde a la sociedad. Debe ser “a partir del momento en que haya la posibilidad política y económica de responder a las víctimas”, y pensar también en la reparación simbólica, refiere Ferrer.
Al hablar de violaciones de derechos humanos hay que tener claro que las comete el Estado, y que posiblemente las víctimas tengan temor de acudir al Estado para denunciar al Estado, subrayó Cedeño. “El Estado debe dar garantías de que la víctima no va a ser revictimizada y de que va a ser protegida frente a su agresor”.
