La organización no gubernamental venezolana Provea denunció al finalizar la tarde del domingo 11 de mayo que habían transcurrido más de 50 horas sin saber el paradero del abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres, miembro del equipo de exigibilidad legal de la ONG.
A través de la red social X, Provea indicó que la última vez que se tuvo comunicación con el activista fue el viernes a las 4:00 pm, cuando avisó que iba a su casa, en Caracas.
«Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. (…) Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra», dijo la ONG.
Señaló que miembros de su equipo legal estuvieron «a las puertas del Palacio de Justicia, Caracas, esperando la ‘autorización superior’ que permita la consignación de un recurso de un habeas corpus».
Sin embargo, «tras más de siete horas en el Palacio de Justicia», Provea que la instancia judicial se «negó a recibir» el recurso, lo que, aseguró, confirma «la política de Estado de negar la admisión» de ‘habeas corpus’ e «incluso en casos urgentes como este».
El abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea -que se encontraba en el lugar junto con la esposa de Torres, Emiselys Núñez-, dijo que «no es posible que se siga manteniendo esta política de no aceptar los habeas corpus», ya que «es un derecho de las víctimas y una obligación del Poder Judicial», por lo que hizo un llamado a los colegios de abogados del país a que la rechacen.
