La ONG de Venezuela Acceso a la Justicia afirmó este jueves que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) incumplió la ley al destituir a Juan Carlos Delpino de su cargo de rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues -recordó- la normativa establece que antes de este proceso debe haber un «previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)».
A través de una nota de prensa, la ONG manifestó que «los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito», por lo que «cualquier investigación penal y proceso judicial» debe ser previamente autorizado por el TSJ.
La organización señaló que, «pese a que el máximo juzgado no había emitido ningún fallo en contra de Delpino», ni «nadie se lo había requerido», el Parlamento lo destituyó.
Asimismo, afirmó que este proceso «es otra prueba de que el principio de separación de poderes (…) no existe en el país», ya que con esta decisión -prosiguió la ONG- el Parlamento «se ha inmiscuido, incluso usurpado», las «potestades» del CNE, el TSJ y la Contraloría General.
El pasado 17 de octubre, el Legislativo pidió a la Fiscalía la «perentoria» apertura de una «averiguación penal» contra Delpino -quien se encuentra fuera del país- por «corrupción» y «traición a la patria», «asociación para delinquir, entre otros delitos.
El pasado agosto, el exrector denunció «irregularidades» en las presidenciales del 28 de julio, con lo que, a su juicio, se perdió confianza en la integridad del proceso, así como en la proclamada victoria de Nicolás Maduro, señalada como fraudulenta por la mayor coalición opositora, que reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.
