El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Un total de 26 organizaciones independientes de Venezuela afirmaron este viernes que el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiación de las ONG, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de 2020, es una mordaza que se aplicará a «organizaciones que señalen irregularidades» de representantes del Estado.
«Es una vulgar mordaza, aplicable a organizaciones que señalen irregularidades o procedimientos abusivos de representantes u organismos del Estado», señalaron en un comunicado publicado por la ONG Provea en su página web.
Asimismo, dijeron que el proyecto de ley, que debe pasar por un segundo debate, propicia un «marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles a los antojos y pretensiones de un Gobierno que está señalado por buena parte de la comunidad democrática internacional por ejercer de facto las funciones del Ejecutivo nacional».
«Un buen número de las ONG existentes en Venezuela cumplen labores humanitarias que son reconocidas, apreciadas y agradecidas por sectores vulnerables de la sociedad. Cubren espacios desatendidos por las autoridades que en teoría deberían atender tales labores», agregaron.
Las organizaciones indicaron que el oficialismo, en lugar de crear instrumentos que propicien «intimidación e intervención» de las ONG, «podría estimular estas formas de solidaridad social, de trabajo conjunto por el bienestar» de la sociedad.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un «amplio proceso consultivo» sobre este proyecto. Reseñó EFE
