El presidente de la asociación que agrupa a individuos con alguna dificultad física o intelectual, Juan Ángel de Gouveia, señaló que el Estado no brinda el apoyo necesario para el desarrollo personal de estos grupos
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), denunció por el actual Gobierno nacional está solicitando el Carnet de la Patria a las personas con alguna discapacidad para acceder a algún beneficio social.
En la presentación de su informe oficial Alternativo para el Examen Inicial en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consorven manifestó que esta condición afecta a quienes padecen discapacidad y no permite el libre desarrollo de sus habilidades.
«Se debe garantizar la ejecución plena y efectiva de los procedimientos regulados por del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Defensoría del Pueblo; el cese inmediato del uso de instrumentos de control social con fines políticos como el Carnet de la Patria, para acceso de personas con discapacidad a políticas y programas sociales, lo que contribuye una práctica discriminatoria e inaceptable», señala el informe.
De Gouveia, exhortó al Estado a prestar más atención a la situación de esas personas, pues se violan todos los derechos de esta población, que están contemplados en las leyes de la República y las convenciones internacionales.
Otra problemática que arrojó la investigación es que de las 30 instituciones escolares visitadas en 12 estados del país, sólo el 46 % presentaba la infraestructura adecuada para las personas con discapacidad motora, situación que limita el derecho a la educación.
«Es de vital importancia realizar la evaluación del acceso, permanencia y culminación de estudios de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, derechos contemplados en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos Humanos para las personas con discapacidad», destacó Gouveia.
Asimismo, el informe hizo mención la emergencia humanitaria que atraviesa el país indicando que el 96% de los centros de salud no brindan atención de calidad a los pacientes con alguna minisvalía, en especial a las personas invidentes y sordas.
«Esta situación vulnera el artículo 25 de la Convención, ya que limita la asistencia integral en materia de salud a las personas sordas y sordo-ciegas», manifestó.
