La orden fue dada: “Exprópiese”. Y se cumplió. Entre enero de 2007 y el año 2010, al calor del triunfo electoral de 2006, el presidente Hugo Chávez comenzó la nacionalización de empresas de sectores que consideró estratégicos, como la electricidad, la telefonía y el petróleo. En 2026, al fragor de las condiciones sociopolíticas impuestas por los hechos del 3 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asumió el inicio de la contraorden. Es decir, anunció la creación de una comisión para evaluar el estado de los bienes en manos del Estado, y decidir si se devuelven y en qué condiciones.
El Sambil de la Candelaria se convirtió no solo en un bien expropiado, sino en un símbolo de la lucha del sector privado venezolano. En marzo de 2022, casi cuatro años antes de que fuerzas estadounidenses se llevaran por la fuerza al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el propio Maduro resolvió la devolución del Sambil a sus propietarios: la familia Cohen.
Otras empresarias y otros empresarios hicieron su apuesta en la misma dirección. Ahora, en el gobierno de Rodríguez, el proceso podría tomar un nuevo impulso. Por lo pronto, la comisión especial cuenta entre sus integrantes al empresario Luigi Pisella, expresidente de Conindustria, quien ha aclarado que en la primera etapa el trabajo se centra en la clasificación de los activos.
Los bienes que alguna vez se consideraron estratégicos también podrán aliarse con empresarios nacionales e internacionales, sostuvo Pisella. Los que no se evalúen como estratégicos se ofertarán al sector privado. Y los bienes no operativos serán liquidados, porque una de las metas es redimensionar el Estado. Algunos activos, incluso, podrían llegar a la Bolsa de Valores.
Según la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, más de 90 % de las propiedades expropiadas no han sido canceladas. El presidente de la Red, Vicente Brito, aseguró que son 15 mil unidades, y que el daño patrimonial es de unos 100 mil millones de dólares; es decir, cercano al PIB venezolano, estimado en 111 mil millones de dólares para 2026.
Brito es partidario de devolver todo lo expropiado, porque buena parte de la inflación se debe “a la emisión de dinero inorgánico del Banco Central, vía Pdvsa, para cubrir las pérdidas de esas empresas”. Pero en este tema parece que no se ha dicho la última palabra.
