En enero de 2022, a través de medios de comunicación estatales, un diputado oficialista exhibió afiches de periodistas, señalándolos como ‘ladrones’ y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado venezolano cesar las amenazas y restricciones arbitrarias contra periodistas.
Advirtió la institución en un comunicado, que en el país se emiten declaraciones estigmatizantes, se cierran medios y se llevan a cabo procesos judiciales contra los periodistas, por lo que manifestó su preocupación.
«En enero de 2022, a través de medios de comunicación estatales, un diputado oficialista exhibió afiches de periodistas, señalándolos como ‘ladrones’ y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización», recordó la Relatoría refiriéndose a Diosdado Cabello.
«La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechaza este tipo de señalamientos estigmatizantes, que acentúan la hostilidad contra la prensa. Para la Relatoría, la alta investidura de quien los ha pronunciado y su reiteración implican una omisión de las autoridades en su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa», agrega el comunicado.
Otro caso mencionado por la Relatoría es el del periodista Roberto Deniz, quien en octubre fue informado sobre la apertura de un nuevo proceso penal por “el delito de incitación al odio, supuestamente vinculado a su labor periodística”.
«Tres días después, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas allanaron la residencia de sus padres en Caracas», dijo la institución.
La Relatoría insistió en que «la libertad de expresión cumple un rol central en sociedades democráticas, pues facilita y hace posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía».
«Igualmente, resalta que, en distintos casos respecto de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las personas que ejercen la función pública tienen una posición de garante de derechos fundamentales», subrayó.
El Colegio Nacional de Periodistas registró en 2021 al menos 251 casos de ataques contra la prensa, entre los que se encuentran 55 bloqueos digitales, 46 impedimentos de cobertura, 28 hostigamientos, 27 intimidaciones y 22 amenazas.
