Un informe emitido por la ONG en pro de los DDHH de niños, niñas y adolescentes, reveló que las instituciones del gobierno desestiman los seguimientos a casos remitidos por las organizaciones civiles
Desde el pasado mes de abril y hasta la fecha, Cecodap reportó 185 casos de vulneración contra los derechos de los niños , niñas y adolescentes; un total de 507 intervenciones directas con especialistas adscritos al Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de la ONG, dedicada a la defensa y garantía de los Derechos Humanos de NNA.
De acuerdo con un informe emitido por la organización, los meses con mayor número de atenciones fueron julio, septiembre y noviembre, «un total de 413 personas, donde 31,23% de las solicitudes fueron realizadas por mujeres de 18 a 60 años de edad y otro 18,64% , fueron hombres con el mismo rango de edades que las féminas», sostuvo Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, durante la presentación del informe: Vulneraciones de los DDHH de los niños en Pandemia», presentado este jueves, a través de la plataforma Zoom.
De las 507 intervenciones por parte del equipo de Cecodap, las orientaciones legales quedaron representadas en un 80,07%, mientras que entre las remisiones y recomendaciones a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, sumaron 17,94%; por último las denuncias, expresadas en 1,97%.
Trapani explicó que una orientación legal comprende la asesoría técnica y acompañamiento individualizado para una mejor comprensión de la situación o del conflicto.
Agregó que las remisiones y recomendaciones escritas comprenden la reconstrucción de un caso concreto a partir de los testimonios de los interesados, análisis de documentación y reporte de especialista.
“Una vez que tenemos esto, se considera la posibilidad de realizar derivaciones a instituciones del Estado u organizaciones de la sociedad, valorando la necesidad de servicios directos especializados como apoyo psicosocial, psiquiátrico, pedagógico o de terapia familiar o grupal”, expuso.
El Estado no responde a los casos
Representadas en regiones, Trapani explico que las intervenciones de Cecodap han tenido mayor auge en la región Central (82,32%); seguido por occidente (9,20%); Andes (2,90%); sur (2,42%);llanos 82,17%) y oriental con 0,96%.
Y destacó que tras el estudio, se detectó que existen debilidades en los organismos del Estado, «que deberían atender los casos. Esto convierte al Estado, en el principal agresor contra NNA, por omisión».
«Fueron remitidos 40 casos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y pudimos conocer que un 65% de las solicitudes no fueron atendidas. 35% del total, fueron recibidas y tramitadas. Otros 29 casos fueron remitidos al Ministerio Público y se registró que un 59% de las solicitudes no fueron atendidas; mientras que de los 18 casos remitidos a otros organismos del Estado se registró que un 50% de las solicitudes no fueron atendidas»
“Hay falta de atención o demora de atención de los casos. Encontramos una suerte de remisiones entre organismos del Estado. Si una persona toca el Sistema de Protección debe ser atendida. Evitar el peloteo. Cuando un niño alega una violación de derechos y va a un organismo del Estado, no es por placer o porque quiere pasar tiempo allá. Es porque lo necesita. Por eso es importante que el apoyo sea accesible, no solo formal para recibir la denuncia, sino que los niños tengan respuesta a sus necesidades jurídicas y que sean restituidos sus derechos”, alertó Trapani.
En el informe se explica que la desestructuración de los órganos administrativos del Sistema de Protección se convierte en otra forma de violencia hacia la población a la que se deben.
A esto, el coordinador general de Cecodap agregó que en Venezuela hay «un sistema de protección pobre para los pobres. Nos encontramos con que las alcaldías recortaron la atención de los derechos de los niños», puntualizó Trapani.
Derechos vulnerados
Trapani advirtió que durante el contexto de pandemia, «no hubo disminución de casos de vulneración de los derechos de NNA».
Los derechos vulnerados quedaron representados de la siguiente manera: 40,55% derecho a la integridad; 12% derecho a una familia; 11,88 derecho a la salud; 9,79% derecho a la educación; 6,29% derecho a un nivel de vida adecuado; 4,19% derecho al libre tránsito y migración; 3,49 violencia basada en género; 2,79% derecho a la identidad 2,79%(obstáculos para la obtención de las partidas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes), y 8,39% otros derechos.
Los presuntos agresores de NNA, de acuerdo con el informe de Cecodap, son las madres, representadas en un 25%, los padres (20%) y los docentes (12%). En este último, Trapani explicó que tiene que ver con la falta de cupos en colegios, discriminación hacia los NNA y el pago de las mensualidades: presión ejercida para cancelar a tiempo.
Otros , están vinculados al contexto diario del NNA: vecinos, conocidos, cuidadores, abuelos, hermanos, tíos, hermana mayor y otros adolescentes.
Recomendaciones de Cecodap
- Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La lógica para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia es evitar llegar a una situación de amenazas o violación a través de la implementación de políticas sociales básicas.
- Priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Existen un conjunto de necesidades jurídicas y de protección que requieren respuestas institucionales expeditas, efectivas y de calidad.
- Fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera de los órganos que integran el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es urgente. Implementar una lógica de articulación entre organismos del Estado y la sociedad civil para la protección a los derechos de los niños.
- Disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un sistema único de registro de casos permite caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a los derechos de los niños y priorizar acciones de prevención y atención.
- Impulsar campañas informativas permanentes y con calidad sobre los distintos espacios, oportunidades, formas para reportar y denunciar situaciones de amenaza y violación a los derechos de los niños.
- Priorizar los servicios de protección para los niños en el interior del país y atender las necesidades jurídicas y de atención psicosocial en zonas más alejadas de las capitales de estado.
- Reconocer y apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de programas y servicios de protección para los niños, niñas y adolescentes. Evitar todo intento de criminalización, estigmatización o amenazas por parte del Estado al trabajo que sea desarrollado por las organizaciones de la sociedad.
