Cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos han presentado este martes una demanda en Nueva York contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por su campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI) y entidades y personas ligadas a este tribunal.
La demanda ha sido presentada ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York por el American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto Open Society y Human Rights Watch, según informó esta última organización en un comunicado.
La querella alega que el Gobierno del republicano Trump «está imponiendo sanciones ilegales a personas y organizaciones afiliadas a la Corte Penal Internacional (CPI) o que colaboran con su labor, y que está criminalizando a quienes se asocian con ellas o les brindan apoyo de cualquier otra forma».
Además de suponer «un ataque flagrantemente ilegal» contra la justicia internacional, los cuatro grupos aseguran que las sanciones, activadas a través de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, «les obligan a restringir una amplia gama de actividades jurídicas y de defensa de los derechos humanos», lo que vulnera los derechos que les garantizan la primera y quinta enmiendas de la Constitución estadounidense.
La demanda también argumenta que las sanciones «exceden las facultades presidenciales y se fundamentan en una supuesta ‘emergencia nacional’ que carece de base fáctica».
EEUU no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, por lo que el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
La orden ejecutiva del año pasado considera que las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EEUU y las órdenes de detención que emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, son una «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
Con esto, el texto declaró formalmente una «emergencia nacional» a causa de las acciones del tribunal.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva campaña para desmantelar la corte, lo que incluye más sanciones y presión sobre países que sí reconocen el tribunal.
