El expresidente de Bolivia, Luis Arce, asegura ser víctima de «graves vulneraciones» de sus derechos, así como de «tortura psicológica» y de un proceso judicial arbitrario desde que el pasado 10 de diciembre se produjera su detención, que describió como un «secuestro al margen de la ley».
«En los últimos tiempos he sido objeto de acciones, decisiones y actuaciones que lesionan principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado Plurinacional de Bolivia es parte», escribió desde el penal de San Pedro.
En una carta pública fechada el 31 de marzo y compartida este lunes en sus redes sociales, Arce sostiene que en su caso se ha vulnerado «el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa material y técnica, a la tutela judicial efectiva, así como a las garantías de imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica», al tiempo que acusó al Gobierno de Rodrigo Paz y al sistema judicial de intentar darle «muerte civil y política».
El exmandatario boliviano declaró que, desde su detención el pasado 10 de diciembre, fue recluido «en un lugar que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad», a donde entraban frecuentemente para tomarle fotografías. Además, señaló que todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluso la petición de exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, lo que pone en riesgo su salud.
«Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano. Exijo primero el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones del gobierno», señala en el texto.
Arce permanece privado de libertad desde el 10 de diciembre de 2025 por presunta corrupción en el caso Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
