El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ratificó este jueves que su país vive «una ola de criminalidad que no se había visto antes», tal como aseguró la semana pasada el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, días antes de que se produjera un atentado contra la sede fiscal de Trujillo, la tercera ciudad en importancia del país.
«El crimen organizado está atacando. Ya lo dijo el ministro del Interior, estamos viviendo una ola de crimen que no se había visto antes», enfatizó Adrianzén tras participar en una actividad oficial en la región norteña de Piura.
El primer ministro añadió ante los periodistas que «por la singularidad que tiene esto», se presenta «la dificultad en enfrentarlo».
«Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que esto termine», sostuvo antes de recordar que el Ejecutivo envió al Congreso unas propuestas de ley para enfrentar a la inseguridad ciudadana, entre las que figuraba la creación del delito de terrorismo urbano, que aún no ha sido debatida ni votada por los parlamentarios.
En ese sentido, solicitó a los medios de comunicación que «ayuden en esta campaña» del Ejecutivo, «para que finalmente el Congreso pueda tipificar este delito«.
El ministro del Interior admitió el pasado 18 de enero que Perú afronta la ola criminal «más fuerte que se ha generado en los últimos tiempos» y anunció mayores inversiones para tareas de inteligencia y planes operativos.
Santiváñez dijo que se ha puesto en marcha un ‘plan de control territorial‘, que comprenderá «el proceso de asimilación de 1.500 efectivos» a la Policía Nacional del Perú (PNP), que tengan «como requisito mínimo, el haber prestado servicio militar».
El lunes pasado se produjo un atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía en la ciudad de Trujillo, que causó gran conmoción en el país y fue considerado por el Gobierno como «una respuesta criminal» ante la lucha contra las «redes delictivas nacionales y trasnacionales».
Tras ese ataque, el Gobierno anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iban a tomar el control de Trujillo y que también se incrementará la protección para los jueces y fiscales que investigan y procesan al crimen organizado.
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, atribuyó el atentado en Trujillo a la minería ilegal y otros ilícitos que son investigados por una fiscal amenazada en esa localidad del norte del país.
En ese sentido, el Ministerio del Interior informó este martes de la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al ataque en Trujillo, a quienes se les incautó municiones, dinamita y equipos electrónicos.
Horas antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró la decisión de su Gobierno de aplicar «mano dura» contra los sicarios, extorsionadores y asesinos, que serán enviados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada a casi 5.000 metros de altura en una zona remota de los Andes del sur del país.
Información de EFE
