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viernes, 02 diciembre, 2022

Imponen millonarias multas a implicados en el caso Odebrecht en Colombia

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Le había sido adjudicada la concesión Ruta del Sol II para la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica

Las autoridades colombianas impusieron este lunes multas por más de 295.000 millones de pesos (unos 84 millones de dólares) a la firma brasileña Odebrecht y otras empresas y personas por «violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución» de la construcción de una carretera.

Así lo informó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que detalló en un comunicado que «impuso sanciones a las empresas de Odebrecht en Colombia, a Corficolombiana, Episol y la Concesionaria, así como a cuatro personas naturales por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas».

A la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, liderada por Odebrecht, le había sido adjudicada la concesión Ruta del Sol II para la construcción de unos 600 kilómetros de doble calzada de la carretera que comunica el centro del país con la costa atlántica.

Según la Justicia, Odebrecht pagó una coima de 6,5 millones de dólares al hoy condenado exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para que le adjudicaran la Ruta del Sol II al consorcio, integrado también por Episol, que forma parte del grupo Corficolombiana, y por CSS Constructores.

La investigación, agregó la SIC, contó con la colaboración del exviceministro Morales, quien confesó su participación y «aportó información determinante sobre el sistema anticompetitivo».

Según el organismo, los involucrados idearon y ejecutaron «un sistema restrictivo de la libre competencia» que les permitió adjudicar a la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol II y luego entrar en una dinámica de «reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos».

Esto, añadió la información, les permitió «dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto».

Con información de EFE

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