El gobernador del estado de Texas, Greg Abott, tiene previsto firmar este lunes una de las leyes migratorias más restrictivas de Estados Unidos, que convierte en crimen la entrada ilegal desde México, y que vaticina una dura batalla en los tribunales con el Gobierno federal que preside Joe Biden.
Se trata de la ley SB4, aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, y que el gobernador rubricará este lunes.
Considerada una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, la SB4 convierte en delito el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte así en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Y lo más polémico, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo.
Esta ley, que apunta especialmente a los migrantes indocumentados que llegan a través de la frontera con México, ha sido objetada por grupos de derechos, los cuales argumentan que propicia el perfilado racial, entre otros resultados negativos.
La SB4 «viola disposiciones constitucionales críticas acerca del papel del Gobierno federal en la definición de las prioridades de inmigración, y las limitaciones de los estados en cuanto a interferir con esas prioridades y con las relaciones internas e internacionales de Estados Unidos», dijo recientemente a EFE David Donatti, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas.
Destacó que la ley «le da a Texas el poder sin precedentes de deportar personas, que es uno de los poderes más severos y trascendentales que tiene cualquier nación soberana», además de que «separa familias, destruye medios de subsistencia y causa que las comunidades vivan en temor».
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la mayor organización hispana de derechos civiles de Estados Unidos, calificó este lunes de “simple teatro político” la programada ceremonia en la que el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmará severas leyes antiinmigrantes.
“Lulac denuncia en los términos más fuertes las acciones programadas para hoy en Brownsville del gobernador Abbott y sus partidarios en la Legislatura de Texas. Estos individuos están determinados a convertir su poder legislativo en un arma para obtener ganancias políticas a costa de seres humanos”, dijo el presidente de la agrupación, Domingo García, en un boletín.
Declaró que “en vez de trabajar con los demócratas en la Legislatura de Texas en una solución genuina (a la inmigración irregular), los así llamados cristianos republicanos dan hipócritamente la espalda a los indefensos y ayudan a los cárteles de la droga y traficantes de personas que lucran con la desesperación de hombres, mujeres y niños”.
“El liderazgo de Texas ha desperdiciado tiempo y esfuerzo valiosos que pudieron ser usados para buscar soluciones bilaterales verdaderas. Es más fácil repartir culpas que participar en el más duro trabajo de gobernar responsablemente en función del mejor interés a largo plazo del estado de Texas”, añadió.
La ceremonia de hoy en la ciudad fronteriza de Brownsville se centra en la ley SB4, que hará del cruce irregular de México a Texas un delito estatal. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo del país.
Otra de las leyes que se espera sean firmadas por Abbott es la SB3, que asignaría 1.540 millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo y para financiar operaciones de seguridad en la región.
Diversos grupos, incluyendo a Lulac y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas, han anunciado su intención de impugnar en las cortes las nuevas leyes, en especial la SB4, y no se descarta que el Gobierno federal, encabezado por el presidente Joe Biden, haga lo propio.
La semana pasada más de 50 organizaciones en Texas se declararon en “estado de alerta y resistencia” en anticipación a la firma de las leyes, convocando movilizaciones en todo el estado para los próximos meses y esperan tener una gran manifestación el 9 de marzo de 2024 en Austin, la capital de Texas.
