Diez días lleva el vecino país protestando en las calles colombianas. La Reforma Tributaria propuesta por el presidente Duque fue retirada, pero aún así continúa encendida la crisis social
La violencia policial ha sido uno de los temas más sensibles que rodean la situación política actual en dicha región. Según EFE, al menos 24 personas han fallecido y más de 800 se encuentran heridas.
Las políticas del mandatario Iván Duque han recibido gran rechazo social, así como su tendencia a ignorar las solicitudes sindicales hechas en noviembre de 2019. Las promesas no se han cumplido.
La merma de las condiciones económicas, agravadas a su vez por la pandemia de la COVID-19, ha propiciado manifestaciones multitudinarias en las que se ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Para entender el fondo de la problemática vale recordar que, Duque ganó las elecciones bajo la premisa «menos impuestos y más salarios». Sin embargo, el pasado 15 de abril presentó un proyecto que solo significaría asfixia para la clase media y baja, según los voceros de los manifestantes.
Desde el 28 de abril, se sintió la molestia por la nueva reforma fiscal en las principales ciudades colombianas. Solo cuatro días tuvieron que pasar para que el Gobierno se retractara y ofreciera comenzar un proceso de diálogo.
Con esta política, las autoridades buscaban recaudar 23,4 billones de pesos, lo que equivale a 6.302 millones de dólares, aproximadamente.
Asimismo, se planteaba una ampliación de la base tributaria para incorporar a los que menos ganan, incluyendo un aumento del IVA de 19% para los servicios públicos de la clase media y alta.
Esta polémica situación fue en contra de la estrategia del equipo de Gobierno de Duque, deteniendo así su plan para mejorar las finanzas públicas, con lo que había propuesto impulsar los programas sociales, que a raiz de la crisis de la pandemia, se hacen cada vez más importantes.
Tras retroceder, el máximo funcionario de Colombia propuso un nuevo proyecto que contara con el apoyo de los sectores económicos, sociales y políticos. A pesar del nuevo ofrecimiento, no se han visto esfuerzos por concretar las conversaciones con los protagonistas de las protestas: opositores y jóvenes.
Miles de ciudadanos se plegaron a la segunda jornada de paro nacional pacífico, que ahora incluye dentro de sus proclamas la necesidad de una reforma legislativa a la salud.
Además, los colombianos exigen «una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual (unos 240 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios a las mipymes; empleo con derechos; una política de soberanía y seguridad alimentaria; educación gratuita y la no alternancia educativa por la pandemia», según EFE.
Ante los violentos ataques por parte de los policías, los manifestantes piden el resguardo de sus garantías fundamentales, derecho a la protesta, retiro de las tropas militares de las ciudades, castigo a los responsables y la desintegración del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Este cuerpo policial es el que interviene en las protestas y, actualmente, está siendo acusados de múltiples violaciones a los derechos humanos.
Dentro de esta serie de reclamos figura la denuncia de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, cuyos asesinatos han aumentado desde 2019. La administración de Duque se deslinda de estos crímenes y los define como incontrolables.
En relación con esto último, dentro de las reinvindicaciones requeridas entra la reanudación del uso del herbicida glifosato por aspersión aérea para detener el crecimiento de las siembras de coca en regiones como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela. Esto ha sido planteado como una forma de golpear al narcotráfico.
Para el año 2020, la pobreza del país se posicionó en 42,5%, lo que representa un alza de 6,8 puntos porcentuales.
Entre 2019 y el pasado año, las tasas de desigualdad social y desempleo han superado las dos cifras, lo que no ocurría desde el año 2012.
