La presidenta Delcy Rodríguez ratificó este lunes en La Haya que hay diversos mecanismos para resolver de manera pacífica con Guyana la controversia territorial por el Esequibo -basados todos en procesos de negociación- para llegar a un acuerdo «práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable», y reiteró que el país no podrá acatar una sentencia en contra de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Durante su intervención en la CIJ, la mandataria propuso «un encuentro bilateral al más alto nivel, auspiciado por actores relevantes de la región», que «será sin duda más provechoso para alcanzar ese objetivo».
Venezuela «no podrá avalar nunca la violación del Acuerdo de Ginebra», manifestó, y en caso de una sentencia desfavorable de la CIJ, no podría acatarla. «No es un acto de irreverencia» sino «un acto de defensa inamovible de los derechos de Venezuela, de la legalidad internacional» y de la propia Corte.
«Venezuela está lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra», expuso.
Solo un acuerdo producto de la negociación creará las condiciones «para que ambos países puedan sacar el máximo provecho de las potencialidades de ese territorio». Ninguna sentencia de la Corte «brindará una solución efectiva», sino que «llevará a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones», adelantó. Una sentencia no garantizará la solución, advirtió.
Calificó de «inauditas y extravagantes» solicitudes de Guyana, que «pide a esta Corte la destrucción de mapas» y «borrar la memoria de un pueblo para borrar su futuro».
Rodríguez lamentó que la ONU haya abandonado las negociaciones y cedido a los lobistas aportados por Guyana. Con ello «se exacerbó peligrosamente la controversia entre las partes». La riqueza de hidrocarburos de la región está en el corazón de la decisión de Guyana de ir a la CIJ, estimó.
Defensa del Acuerdo de Ginebra
La presidenta hizo alusión al referéndum celebrado en diciembre de 2023, en el cual la población dio un conjunto de mandatos, tales como reivindicar el Acuerdo de Ginebra como único medio válido y defender el territorio por todos los medios pacíficos.
Ratificó la posición histórica de Venezuela de no someter al arbitrio internacional sus asuntos vitales. «Respeta a la CIJ como principal órgano judicial de Naciones Unidas», pero «Venezuela nunca ha otorgado» el permiso para que el diferendo se tramite ante Corte, aclaró.
La mandataria indicó que el país quiere mostrar al mundo la verdad sobre los derechos venezolanos, lo que «en modo alguno implica le reconocimiento de jurisdicción o competencia de la Corte» para esta controversia. Subrayó que el diferendo está regido por el Acuerdo de Ginebra, que es jurídicamente vinculante y que «busca resolver una injusticia colonial mediante un acuerdo mutuamente aceptable».
La presidenta insistió en que el Acuerdo de Ginebra sepultó la discusión sobre el Laudo, y «este marco no puede eludirse, reformularse o sustituirse» porque «es ley entre las partes». Nunca, añadió, «estuvo sobre el horizonte» debatir la validez o no del Laudo, porque el Acuerdo de Ginebra lo liquidó. La controversia, precisó, es sobre el territorio, no sobre el laudo, y mediante una negociación.
«Este proceso de negociación no ha sido abandonado por Venezuela» pero sí, «socavado por la conducta de Guyana», que decidió violar el marco jurídico acordado y dejó de actuar de buena fe, para adoptar la estrategia de la judicialización a fin de «validar un laudo fraudulento». Los buenos oficios fueron sustituidos por el litigio, lamentó.
«Venezuela no puede aceptar que este giro impulsado por Guyana redefina la naturaleza de la controversia», ni que se use a la Corte «como instrumento para consolidar ese cambio, vulnerando el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional». Indicó que la CIJ «no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados», y remarcó que Venezuela «no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos» solo porque Guyana «pretende redefinir la controversia».
El Esequibo «forma parte de nuestra moral histórica», resaltó.
Venezuela «ha puesto a la disposición de esta Corte» abundante evidencia que confirma sus derechos históricos sobre el Esequibo y la voluntad de las partes de resolver el conflicto por la negociación. Dijo que se entregaron tratados y documentos, correspondencia diplomática, actas de negociación, declaraciones oficiales y cartografía. «Esta evidencia confirma la nulidad del Laudo Arbitral de 1899» al igual que «un reconocimiento mutuo, por Guyana y Venezuela, de la existencia de una controversia territorial y la necesidad de resolverla mediante negociaciones directas».
Las pruebas «son irrefutables», aseveró.
