La víctima más joven es la niña de 7 años que murió, tras ser alcanzada en el estómago por un disparo de los uniformados que invadieron su vivienda en Mandalay, el pasado martes
El número de muertos por la represión de la junta militar en Birmania supera los 300, la mayoría de ellos por disparos de las fuerzas de seguridad, mientras aumenta la condena internacional contra los militares golpistas con nuevas sanciones de EEUU y Reino Unido.
La represión violenta de las protestas ha continuado este viernes, con al menos tres muertos en las últimas horas tras la sangrienta jornada de la víspera, en la que murieron 12 civiles en varias ciudades del país, según el recuento del diario digital Myanmar Now
Dos personas murieron al ser disparados por las fuerzas de seguridad durante la noche del jueves al viernes en el distrito de Dagon, en Rangún, la ciudad más poblada. Según pudo saber Efe, uno de ellos murió en el acto y el otro falleció desangrado horas después, ya la mañana del viernes. La otra víctima mortal se produjo en la localidad de Myeik, donde los uniformados dispararon a las casas.
Los fallecidos superaron el umbral de los 300 tras la violenta jornada del jueves, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP). En su informe de precisa que de las 195 víctimas de las que se conoce la causa de la muerte (sobre un total de 320), casi el 90 por ciento recibieron un disparo en la cabeza.
La mayoría de los fallecidos fueron en la región de Rangún, aunque también en la de Mandalay y los estados Shan y Kachin, entre otros.
La primera víctima mortal ocurrió el 8 de febrero, pero la mayoría de las muertes se produjeron en el mes de marzo, principalmente el día 14, cuando fallecieron al menos 78 en la jornada más sangrienta hasta el momento.
La víctima más joven es la niña de 7 años que murió tras ser alcanzada en el estómago por un disparo de los uniformados que invadieron su vivienda en Mandalay el pasado martes.
A pesar de la represión, los birmanos continúan saliendo a diario a las calles para protestar contra la junta militar y pedir la liberación de los líderes detenidos, incluida la jefa del Gobierno depuesto y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Al galardón recibido por la popular líder en 1991 se podría sumar el del movimiento de desobediencia civil birmano, propuesto al mismo galardón para 2022 por un grupo de catedráticos de la Universidad de Oslo.
Como parte de la respuesta internacional a la brutalidad de la Junta, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el jueves nuevas sanciones contra intereses militares birmanos.
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a los enormes conglomerados Myanmar Economic Holding Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), que incluye firmas locales de transporte, turismo, tabaco y minería, entre otros sectores, y que están controlados por los jefes castrenses birmanos.
En una acción coordinada, el Reino Unido anunció sanciones contra el conglomerado de empresas birmano MEC «con el objetivo de cerrar las fuentes de financiación» de la junta militar «para sus campañas de represión contra civiles».
Las medidas de Washington y Londres llegaron después de que la Unión Europea aprobara el pasado lunes sancionar a 11 personas relacionadas con el golpe de Estado, entre ellas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.
Las sanciones fueron celebradas por el llamado gobierno civil birmano, formado por cargos electos depuestos por la junta militar, que agradecieron el gesto, pero fueron criticadas por el relator especial de la ONU, Tom Andrews, por su escasa contundencia.
Andrews, advirtió este jueves de que el alcance de la respuesta internacional al golpe militar «no están a la altura de lo que se requiere para evitar una crisis cada vez más profunda».
«Las limitadas sanciones impuestas por los Estados miembros no cortan el acceso de la junta a los ingresos que ayudan a sostener sus actividades ilegales, y la lentitud de la diplomacia no está en sintonía con la gravedad de la crisis», apuntó Andrews en un comunicado.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015. Las elecciones fueron consideradas legítimas por los observadores internacionales.
