El Mar Menor intervendrá a la vez como acusación y víctima en el juicio que tendrá lugar este miércoles en la Audiencia de Murcia, con sede en Cartagena, contra el administrador de dos empresas al que se imputa un delito contra el medioambiente por los presuntos vertidos contaminantes hechos a la laguna.
La acusación particular en defensa de ese espacio natural será ejercida por cinco organizaciones ecologistas que están legitimadas para desarrollar esa función, en aplicación de lo dispuesto en la ley de 2022 que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, reclama para el acusado siete años de prisión, multa de 9.000 euros y el pago de una indemnización algo superior al medio millón de euros por los daños producidos al medio ambiente.
Considera el Ministerio Fiscal que el acusado es responsable de haber vertido a esa laguna salada, entre 2015 y 2017, más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de las desalobradoras ilegales utilizadas para el riego de las fincas de las dos empresas, que figuran en las actuaciones como responsables civiles subsidiarias.
En esta pieza separada del conocido como ‘Caso Topillo’, en el que se investigan los vertidos contaminantes efectuados al Mar Menor procedentes de explotaciones agrícolas de la cuenca, están personados también como acusación los Ayuntamientos de Murcia, de San Javier, de Los Alcázares y de Cartagena.
La acusación particular en defensa de la laguna está ostentada por las organizaciones Amarme, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, que reclaman que la multa se fije en un millón de euros y la indemnización, en millón y medio.
Además, piden al tribunal que las dos empresas supuestamente contaminantes queden inhabilitadas durante tres años para el ejercicio de su actividad.
Greenpeace, en un comunicado enviado este martes a EFE, ha criticado la decisión de la Audiencia acordada tiempo atrás de dividir el ‘Caso Topillo’ en unas 40 piezas separadas, y ha calificado el juicio de “hito” en la defensa medioambiental al ser la primera vez que el Mar Menor podrá defenderse a sí mismo.
Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha llamado a los ciudadanos a mostrar su apoyo al juicio, y ha recordado que la ley que concedió personalidad jurídica a la laguna fue consecuencia de la iniciativa popular que consiguió reunir más de 640.000 firmas.
Por su parte, el acusado niega toda responsabilidad tras afirmar que cualquier vertido cesó en 2006, cuando las fincas dejaron de ser explotadas, además de añadir que con anterioridad la salmuera era enviada a la estación depuradora de Cabo de Palos (Cartagena), por lo que no se causaban daños al ecosistema.
