El excongresista estadounidense David Rivera será sentenciado este viernes en Miami después de que un jurado federal lo declarara culpable en mayo de todos los cargos relacionados con una operación secreta de 50 millones de dólares para hacer lobby en favor del Gobierno venezolano durante la primera administración de Donald Trump.
Rivera, excongresista de Florida y antiguo amigo del actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto comparecer a las 10:00 a. m. ante un tribunal federal en el centro de Miami. La audiencia había sido programada inicialmente para el 20 de julio, pero posteriormente fue trasladada al 2 de octubre.
Rivera permanece bajo custodia federal y sin derecho a fianza desde que el jurado emitió el veredicto de culpabilidad el 1 de mayo, después de un juicio que duró siete semanas.
El excongresista enfrenta una pena máxima legal de hasta 60 años de prisión federal, además de una posible orden de confiscación de bienes por aproximadamente 20 millones de dólares.
Los cargos contra Rivera
El jurado declaró culpable a Rivera de todos los cargos federales, entre ellos no haberse registrado como agente de un gobierno extranjero ante el Departamento de Justicia y conspiración para cometer lavado de dinero.
La consultora política Esther Nuhfer, quien fue juzgada junto a Rivera, también fue declarada culpable de todos los cargos.
Los fiscales sostuvieron que Rivera y Nuhfer trabajaron secretamente para el Gobierno de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018, mediante un contrato multimillonario firmado con una empresa de Rivera.
Después de la condena, el jurado también determinó que varias propiedades pertenecientes a Rivera, ubicadas en Doral y los Cayos de Florida, debían ser confiscadas por el Gobierno estadounidense.
Fiscalía: Rivera intentó influir en la política de EEUU hacia Venezuela
Rivera fue acusado formalmente en una acusación de 11 cargos que fue desclasificada en 2022.
Los fiscales alegaron que la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclutó a Rivera para utilizar sus conexiones dentro del Partido Republicano y tratar de convencer a la administración Trump de modificar su postura frente a Venezuela y aliviar las sanciones.
Según la Fiscalía, Rivera y Nuhfer intentaron influir sobre figuras políticas estadounidenses, entre ellas Marco Rubio y el congresista de Texas Pete Sessions, sin revelar que Rivera tenía un contrato de consultoría con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Durante los argumentos finales, el fiscal Roger Cruz sostuvo que los acusados mantuvieron oculta la relación mientras continuaran recibiendo dinero.
Los fiscales también argumentaron que Rivera y Nuhfer mantuvieron el acuerdo en secreto porque revelarlo podía perjudicar la imagen política de Rivera como opositor al comunismo.
Mensajes cifrados y presuntos códigos
Entre las pruebas presentadas durante el juicio estuvieron mensajes de un grupo de chat cifrado denominado “MIA”, que, según los fiscales, Rivera creó junto al empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado como su principal enlace con el Gobierno de Maduro.
Los fiscales afirmaron que los integrantes utilizaban palabras clave para referirse a distintas personas y cantidades de dinero.
Según la evidencia presentada, Maduro era llamado “el conductor del autobús”, Sessions era identificado como “Sombrero”, Rodríguez como “La Dama de Rojo” y millones de dólares eran denominados “melones”.
La Fiscalía también acusó a Rivera y sus asociados de intentar ocultar sus actividades después de que estas comenzaron a ser investigadas. Entre las acciones señaladas estuvieron el supuesto retraso o modificación de documentos y la creación de acuerdos que los fiscales calificaron como ficticios.
Uno de esos acuerdos, según la Fiscalía, fue utilizado para justificar una transferencia de $3,75 millones a una empresa del sur de Florida que mantenía el yate de lujo de Gorrín.
Reuniones relacionadas con Venezuela
El supuesto esfuerzo de lobby incluyó la organización de reuniones para Delcy Rodríguez en Nueva York, Caracas, Washington y Dallas.
El congresista Pete Sessions posteriormente intentó organizar un encuentro entre Rodríguez y el director ejecutivo de ExxonMobil y aceptó entregar al entonces presidente Donald Trump una carta de Maduro después de una reunión secreta en Caracas.
La defensa de Rivera
Los abogados de Rivera argumentaron durante el juicio que su cliente actuó de buena fe y que consideraba que sus actividades no tenían que ser declaradas bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
La defensa sostuvo que el contrato de tres meses y $50 millones con la empresa consultora de Rivera estaba relacionado con esfuerzos para conseguir el regreso de ExxonMobil a Venezuela y que, por tratarse de una actividad comercial, estaba generalmente exento de los requisitos de registro como agente extranjero.
También argumentaron que las reuniones de Rivera con Rubio y Sessions ocurrieron después de finalizar el contrato de consultoría y que estaban dirigidas a promover un cambio de liderazgo en Venezuela que sustituyera a Maduro por un Gobierno más favorable a Estados Unidos.
Durante los argumentos finales, el abogado Ed Shohat sostuvo que Rivera estaba buscando distintas vías para sacar a Maduro del poder y que las conversaciones no estaban orientadas a normalizar las relaciones con Venezuela.
El juicio incluyó testimonios de Marco Rubio, Pete Sessions y un reconocido lobista de Washington, quienes declararon que solo conocieron posteriormente la existencia del contrato de Rivera con la filial de PDVSA.
Rivera fue elegido al Congreso en 2010 y cumplió un solo período. Antes había ocupado un cargo de liderazgo en la Legislatura de Florida. Rivera y Rubio compartieron una vivienda en Tallahassee cuando ambos trabajaban en el Gobierno estatal de Florida.
