La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas señala que desde el poder «quieren enviar un mensaje a los periodistas y a la sociedad en general, que si se siguen publicando cosas pueden ser víctimas de medidas de este tipo como encarcelación”
El sábado 27 de junio se conmemoró el Día del Periodista y siempre es bueno recordar que a quienes ejercen este oficio les ha tocado vivir en tiempos difíciles, o más difíciles, por aquello de ser las figuras del contrapoder, de la contraloría y la voz de quienes no tienen acceso a las instancias de decisión.
Por eso, en Contrapunto.com decidimos llamar a Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas y conversar acerca del ejercicio del oficio en estos tiempos de pandemia y coronavirus.
-¿Qué es el periodismo hoy día en Venezuela?
-Estamos ejerciendo el periodismo en Venezuela con mucha limitaciones, persecución, criminalización y pocas garantías democráticas. Con poco acceso a la información oficial, que es importantísima para ejercer un periodismo serio y responsable y veraz. Esa es una compuerta que se va cerrando cada vez más.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodista señala que “al día de hoy tenemos dos periodistas presos, con medidas sustitutivas de libertad, que son Marco Antoima y Mimí Arriaga, y no se sabe quién es la persona que denuncia”.
“Se les denuncia de ser responsables de unas cuentas anónimas y de estar practicando la extorsión. Pero se les denuncia desde unas cuentas anónimas, y hasta ahora no hay pruebas de que dirijan estas cuentas. Se supone que en estos tiempos de tecnología hay unas trazas para saber si esas direcciones corresponden con los colegas. No se sabe absolutamente nada”, señala con preocupación.
-¿Esto no es un caso de solidaridad automática?
Delvalle Canelón indica que la Ley del Ejercicio del Periodismo y la Constitución están en contra del anonimato y asegura que el Colegio Nacional de Periodistas “no apoya este tipo de cuentas. El periodismo responsable da la cara y firma sus informaciones previa investigación y consulta a todas partes involucradas”.
-Si estuviéramos en una sociedad con plenas garantías democráticas, donde existiera una prensa libre, podrías pensar que se establece una solidaridad automática, cosa que yo no comparto. Pero quién está picado de culebra cuando un bejuco brinca. Acá hay mucho ataque a los periodistas: se les persigue por estar grabando las colas de gasolina, por estar grabando una protesta. Se les quitan los teléfonos, se les borra el material, se les roban los equipos. Eso ha ocurrido muchas veces. Se denuncia a estos periodistas por presuntamente estar detrás de estas cuentas, yo no sé si eso es así, pero no se muestran las pruebas; todo se lleva en el más absoluto hermetismo. No hay un posición por parte del Fiscal que lleva el caso, los abogados no tienen acceso al expediente. No se sabe quién denunció a las personas.
En la conversación hace una evaluación rápida de cuántos periodistas han sido agredidos o tienen medidas cautelares, y en este conteo se superan los 10 casos en distintas regiones del país.
Toma como ejemplo el caso de Mimí Arriaga y Marcos Antoima para hacer una reflexión. “La gente que está haciendo esto desde el punto de vista judicial no les importa quiénes están o si son responsables o no de las cuentas anónimas. Lo que quieren es enviar un mensaje a los periodistas y a la sociedad en general: que si se siguen publicando cosas pueden ser víctimas de medidas de este tipo, como encarcelación”.
-Alguien podría argumentar que en Venezuela a los periodistas los meten presos y en otros países los matan. ¿Qué responde a una afirmación como esta?
-Yo espero que en Venezuela no lleguemos a eso. No puede ser que un periodista muera por ejercer el derecho que tiene, porque estudió una carrera, porque defiende los principios democráticos. Porque el ejercicio del periodismo es inherente a la democracia. No se puede justificar algo como eso con la muerte de una persona. Si dices que bueno que hay periodistas presos porque no hay muertos estás justificando que eso pueda ocurrir. Hay el peligro latente de que pueda ocurrir. Se expone a los periodistas como enemigos, se nos expone como que estamos haciendo mal solamente porque se publica algo o una declaración de alguien.
–Cuáles son los temores que tiene frente a esta situación. ¿Empeorará?
-Esta situación nos lleva a un estado de indefensión porque no tenemos a quién acudir. El Defensor del Pueblo no dice absolutamente nada sobre estas cosas que están ocurriendo. El Fiscal General de la República tampoco dice absolutamente nada. Yo como secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas y como reportera de muchos años de la fuente legislativa que tuve acceso a quien es hoy Fiscal General y ahora lo entrevisto como Fiscal, le he escrito cuando ha sucedido una agresión a un periodista y me ha dejado en azul. Jamás ha habido respuesta. La no respuesta te dice que no tenemos a dónde acudir para que se respeten nuestros derechos y que se sigan además los canales regulares para algún tipo de denuncia. También sucede que cuando a un periodista lo agreden el funcionario es ascendido, premiado; es la respuesta del sistema del poder en Venezuela.
El temor es que esto se incremente como hemos visto en esta cuarentena porque se ha dado un escalada de represión contra el ejercicio periodístico. Temo que esto se haga la norma. Que sea costumbre que se los meta presos y se impongan sanciones a periodistas solamente por ejercer su derecho a informar como establecen la ley y la Constitución.
-¿A qué atribuye esta escalada en la cuarentena?
En esta cuarentena se incrementó el problema de la gasolina; había un problema serio y que era evidente. El problema del agua, el gas, los cortes eléctricos. A los periodistas se les ha perseguido por ir a grabar las colas. Se les persigue y se les maltrata.
Advierte que no hay cómo preguntar sobre la epidemia de covid-19. No hay ruedas de prensa, sino partes desde Miraflores.
-Entonces… ¿la situación irá hacia peor?
-Sí, por lo que se ve se incrementará. Yo no quiero eso y ojalá esté equivocada. No hay acceso a preguntar a los responsables del parte diario y contrastar las informaciones extraoficiales. Esa oportunidad no la tenemos.
-La ley del odio se usa para sancionar a los periodistas.
-No es constitucional por ser creada por la ANC, que está en tela de juicio- responde.
Remarca que se aplica a conveniencia. Esa ley era para evitar el escrache, con lo que no está de acuerdo, pero advierte que no puede ser una ley hecha a la medida del funcionario en contra de los ciudadanos.
-¿Pediría su derogación?
-Sería su no aplicación, porque es una ley insconstitucional y se debe respetar el derecho de los periodistas.
