La Codhez advierte que han aumentado las dificultades para acceder a los alimentos

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó los resultados del monitoreo de precios de alimentos de hace cada 15 días en Maracaibo.

Al cierre de junio, dado el incremento acelerado de los casos positivos de COVID-19 en la región, las restricciones dictadas en el marco del Estado de Alarma se han agudizado y, en consecuencia, también han arreciado las dificultades en el acceso a los alimentos.

Estas dificultades responden a varios factores, que se han mantenido en el transcurso de los últimos meses, tales como el incremento constante de precios —pese a la existencia de precios acordados por el gobierno nacional—, el cierre temporal de mercados populares, las limitaciones en el horario de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos, el bajo nivel de ingresos de las familias, entre otros factores.

En el rubro de las proteínas cárnicas, el corte de primera de la carne de res se ubicó en Bs 848.037,69, lo cual representa un aumento del +6% respecto de la quincena pasada y una diferencia de +25% en relación a su precio regulado por el Ejecutivo Nacional.

Al precio actual, la compra de un solo kilo de carne de primera representa 212% del salario mínimo vigente, que se percibe en Venezuela.

En el caso del corte de carne de res de segunda, su precio también representa un porcentaje mayor al salario mínimo vigente, ubicándose en un precio promedio de Bs 414.392,27, lo cual representa un 103,60% del ingreso mínimo mensual, siendo la presentación más económica de cárnica.

Por su parte, el precio del pollo entero bajó -1% pero sigue presentando una diferencia de +18% en relación con su precio acordado, estipulado en Bs 292.793,20. La pechuga de pollo y las alitas, experimentaron una baja de precios de -7% y -18%, respectivamente.

Otro de los productos más presentes en la dieta marabina es el queso. El queso blanco semiduro continúa en aumento, con un precio promedio actual de Bs. 784.071,12: es decir, se requiere 196,02% del salario mínimo vigente para su compra, y se sigue alejando del precio acordado por el gobierno nacional calculado en Bs. 448.116,42, con una diferencia de +75% por encima.

El monitoreo de precios se realizó los días 27 al 30 de junio, en establecimientos de la ciudad marabina, cuyo horario de funcionamiento limitado es desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Si bien en los comercios se exige el uso del tapabocas y se aplica alcohol o antibacterial en las manos, el distanciamiento físico sigue sin cumplirse.

El total de precios de los 21 productos monitoreados por Codhez evidenció una leve disminución de -2%, pues pasó de Bs. 8.909.283,51 en la primera quincena de junio, a Bs. 8.708.896,96 al cierre del mes. Esto significa que se requiere 2.177,22% del salario mínimo vigente, estipulado en Bs. 400.000,00 mensuales, para la adquisición de estos productos.

La ausencia de medidas claras y sostenibles por parte del Estado venezolano para la garantía de la seguridad alimentaria reflejan una violación al derecho a la alimentación de los zulianos, quienes a diario deben afrontar sacrificios para acceder a los alimentos básicos con los pocos recursos económicos disponibles que no les garantizan una alimentación adecuada. En medio de la radicalización de la cuarentena y las condiciones humanitarias preexistentes, el padecimiento puede agudizarse cada vez más.

En este contexto, Codhez manifiesta que se mantienen las violaciones a los derechos económicos y sociales de los zulianos, denunciadas a su vez por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente reporte en el 44° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El Estado venezolano está obligado a implementar las medidas necesarias para formular, diseñar, ejecutar y supervisar políticas alimenticias de corto plazo, pero sustentables en el tiempo, aplicables a todas las personas sin discriminación, con el objeto de incentivar la producción interna, fijar precios accesibles y adecuar el poder adquisitivo de las familias.