«Un gobierno que se denomina obrero ha pulverizado los beneficios laborales, con salarios de hambre de menos de tres dólares mensuales», subrayó el defensor de derechos humanos Marino Alvarado
Protestas, foros, entrega de documentos, pancartas. Igual que un río que se sale del cauce, el descontento laboral en Venezuela se ha expresado, y se sigue expresando, de muchas maneras.
«La situación de derechos laborales en el país es bastante dramática. Eso es lo que obligó a que la OIT creara en 2019 la comisión de encuesta para Venezuela», que solo se establece cuando el organismo considera «que la violación de derechos laborales es de tal magnitud, que deben intervenir las mayores instancias».
Alvarado sentencia que en Venezuela «un gobierno que se denomina obrero ha pulverizado los beneficios laborales, con salarios de hambre de menos de tres dólares mensuales, ha pulverizado prestaciones sociales y cajas de ahorro, no discute convenciones colectivas, les niega a los trabajadores la posibilidad de exigir sus derechos, porque hay una criminalización contra el liderazgo sindical que viola la libertad sindical».
Más de dos años sin aumento salarial así lo reflejan. «La canasta alimentaria, en octubre, estaba en 530 dólares; la básica, que abarca más allá de alimentos, llega a 1.200 dólares, con un salario en Venezuela de menos de tres dólares».
El gobierno, sin embargo, «a algunos trabajadores les hace llegar unos bonos que no incorpora como parte del salario, y lo presenta ante instancias internacionales como si fuera el mayor beneficio». Un trabajador que ha dedicado 30 años al sector público no recibe más de 400 dólares por concepto de liquidación, calcula.
Todos los convenios colectivos del sector público están vencidos, subraya Jacqueline Richter, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y presidenta del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. En consecuencia, los sindicatos tienen el derecho de hacer un pliego de peticiones y presentarlo a sus empleadores en la Inspectoría del Trabajo. «La inspectoría probablemente no lo va a recibir, y va a salir con que están en mora», pero igual se debe hacer, insta Richter. «Lo peor que podemos hacer es rendirnos».
Si la respuesta es «no hay plata», hay que insistir en los otros aspectos. «Los derechos se tienen que ejercer, independientemente de la posibilidad real de hacerlos defender. No es esperar a que el 10 de enero las cosas cambien; los derechos se ejercen hoy».
