En el marco de las discusiones con distintos actores del sector aeronáutico sobre la legislación el diputado Omar Veracierto afirmó que el rescate real de la conectividad aérea en el país exige superar la improvisación mediante la adopción de herramientas financieras y jurídicas de alcance global, destacando la urgente reinserción del Convenio de Ciudad del Cabo (2001) y su Protocolo Aeronáutico.
Sostiene que la falta de este marco genera costos muy elevados por avión para las aerolíneas nacionales, manteniendo la flota en un promedio crítico de casi 30 años de antigüedad.
Veracierto explicó que la aeronáutica civil venezolana enfrenta un castigo desproporcionado por «riesgo país», lo que impide a las empresas locales acceder a contratos de leasing (arrendamiento financiero) en condiciones competitivas para renovar sus flotas con aeronaves modernas y eficientes.
«El impacto de nuestra exclusión del Convenio de Ciudad del Cabo es directo y alarmante. Mientras en Colombia la flota promedia 9,6 años y en México 8,1 en Venezuela sobrepasa los 29,5 años de antigüedad solo comparado con países africanos. Hoy, una aerolínea nacional que intenta arrendar un avión moderno paga entre 55.000 y 80.000 dólares adicionales al mes en comparación con un operador de la región, lo que se traduce en un sobrecosto acumulado de hasta 11,5 millones de dólares por contrato. Eso se traslada directamente al bolsillo de los pasajeros o a la paralización de rutas», denunció Veracierto.
El legislador sostuvo que el marco legal debe evolucionar de forma definitiva hacia un esquema de incentivos transparentes para el capital privado, dejando atrás la discrecionalidad con adecuación a los estándares internacionales. De acuerdo con las proyecciones técnicas realizadas, la armonización completa con el Convenio de Ciudad del Cabo y la adopción del registro internacional IDERA generaría impactos inmediatos.
Señala en primer lugar una reducción sustancial de costos operativos porque elimina las sobreprimas de riesgo jurisdiccional impuestas por aseguradoras y arrendadores globales (lessors), reduciendo los costos de alquiler entre 8% y 15%.
Por otra parte puede darse una modernización y mejora la eficiencia de flota porque abre la puerta a gigantes mundiales del leasing para incorporar aeronaves de última generación, disminuyendo el consumo de combustible y los gastos de mantenimiento.
En tercer lugar destaca Seguridad jurídica y confianza en registros, lo que eleva los estándares del Registro Aeronáutico Nacional e incorpora mecanismos de ejecución rápida ante incumplimientos bajo normas de la OACI y UNIDROIT.
«La conectividad aérea es la columna vertebral de la economía, el turismo y la integración territorial. Si queremos que los venezolanos comiencen a viajar en aviones modernos y a precios razonables, debemos ofrecer garantías previsibles. El Convenio de Ciudad del Cabo no es un formalismo diplomático en el papel; es un instrumento técnico indispensable para atraer inversión real sin depender del gasto público», enfatizó el parlamentario.
Finalmente, Omar Veracierto ratificó el compromiso de su gestión parlamentaria con la construcción de soluciones estructurales: «Nuestra postura es exigir reglas del juego claras, de estándar internacional y con máxima transparencia. Legislar con rigor técnico es el único camino para devolverle la viabilidad y la competitividad a nuestra otrora moderna aeronáutica civil».
