De acuerdo a los resultados de la encuesta del cuarto trimestre del año 2023, realizada por el sector, el 75% de las empresas operan apenas al 40% de su capacidad instalada
El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), Guillermo Wallis, indicó que requieren aproximadamente 8.000 millones de dólares para recuperar su competitividad, por lo que han planteado a las autoridades una serie de medidas entre las que se encuentra la posibilidad de implementar reformas al marco jurídico «completo del sector» a fin de impulsar las inversiones en el país.
«Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo Nacional, donde hemos planteado las necesidades del sector y las posibilidades que tiene para aumentar su producción (…) Se requiere no solo seguridad jurídica, sin también reglas claras a largo plazo, incentivos fiscales para que esas empresas puedan venir y un sinfín de otras medidas económicas que se tienen que tomar», indicó.
Durante la Asamblea Anual de Asoquim, detalló que entre las propuestas elevadas a las autoridades gubernamentales se ha contemplado el aumento del financiamiento bancario y la necesidad que tienen las empresas de reducir la carga fiscal y parafiscal, que según estimaciones se encuentra por encima del 70% de las ganancias de las empresas, lo que limita su capacidad de inversión interna.
Wallis señaló que junto a las autoridades gubernamentales, el sector ha evaluado la posibilidad de aplicar cambios en el marco normativo de las empresas, además de «reformas de la ley que se tienen que hacer», medidas que permitirán elevar la productividad del sector y al consumidor venezolano.
Detalló que para recuperar la industria petroquímica y química nacional a mediano y largo plazo, se requieren inversiones muy cuantiosas: «Cuando nos ponemos a pensar en ello, observamos que los grupos de inversionistas a nivel mundial tienen más de 200 países de donde pueden elegir y tenemos que ponérselos fácil para que ellos vengan y elijan invertir en Venezuela».
Bajo este orden de ideas, señaló que se requieren implementar reformas legislativas, que en la actualidad exigen a las empresas inversoras que más del 50% del patrimonio se destine al Gobierno Nacional, situación que resta competitividad al país como foco de negociación.
Recordó que, de acuerdo a los resultados de la encuesta del cuarto trimestre del año 2023, el 75% de las empresas operan apenas al 40% de su capacidad instalada.
