Los vecinos aseguran que el ciudadano Pablo Liscano pide 40.000 dólares para retirarse de la zona. Además posee una investigación en la Alcaldía de Libertador por adulterar documentos para mantener la estructura ilegal de la cauchera y aseguran que amenaza con colectivos a los empleados de la estación de servicio
Un grupo de habitantes del edificio San Pablo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas, condenó la permanencia de una cauchera ilegal ubicada en el puente El Cuño por la que responsabilizan al ciudadano Pablo Liscano, quien, según denuncian, pide la cantidad de 40.000 dólares para retirarse de la zona.
Los residentes de este edificio, quienes prefirieron resguardar su identidad por temor a represalias, se mostraron alarmados pues la presencia de esta cauchera atenta contra la tranquilidad que habían logrado con la entrada en funcionamiento de la estación de servicio.
“Esos espacios anteriormente eran inseguros, por la cantidad de malvivientes inclusive para el consumo de alcohol y otras sustancias, así como vehículos con sonidos a un alto volumen que no dejaban descansar. Pero esta tranquilidad está siendo perturbada porque de manera ilegal quieren realizar sus trabajos de cauchera en la calle”, señaló una de las habitantes.
Indican, además, que esta cauchera obstruye el tránsito entre la plaza San Carlos, y las avenidas Panteón y Baralt, e inclusive la conexión con el hospital Vargas. Fuentes cercanas a la Estación de Servicio El Cuño, que también pidieron mantenerse en el anonimato, manifestaron que los nuevos administradores trataron de negociar con Liscano para poder cumplir con las exigencias de los entes públicos involucrados en el manejo de este tipo de servicios públicos, pero el ciudadano exige 40.000 dólares para retirarse del lugar.
Aseguran que la conducta de Liscano hacia los administradores de la Estación de Servicio se intensificó luego de que la Alcaldía del municipio Libertador, a través de la Dirección de Ambiente, Control Urbano, IMGRAD, y Protección Civil Caracas, entes que ordenaron el cierre de la cauchera por diferentes fallas estructurales que representan un riesgo para los habitantes de la zona y los usuarios de la estación de servicio.
Asimismo, denunciaron amenazas hacia los empleados de la estación de servicio por personas que se identifican como colectivos que presuntamente son enviados por Liscano. Se conoció que este ciudadano tiene una investigación en la alcaldía de Libertador por adulterar documentos para reabrir la estructura de la cauchera.
“Anda en componenda con una ciudadana que dice ser abogada, contadora, entre otras cosas, y que supuestamente es la asesora de un conocido líder oficialista que en su oportunidad fue ministro y encargado de los movimientos por la Paz y la Vida, que se conocen como Zonas de Paz”, dijo otro de los habitantes.
Los vecinos del edificio San Pablo piden a las autoridades competentes realizar las acciones legales correspondientes, pues aseguran que desde que la estación de servicio entró en funcionamiento mejoró el orden en la zona y en las áreas cercanas.