Willivardo José Querales Abreu murió de tuberculosis mientras cumplía condena en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La ONG destacó que este fallecimiento se suma a una lista de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026, en medio de las deficiencias sanitarias que afectan a los centros penitenciarios del país.
Según el OVP, en el penal 26 de Julio permanecen más de 1.800 internos en instalaciones diseñadas para albergar a unos 850, lo que representa una ocupación superior al 211 %.
La ONG señaló que el hacinamiento, las condiciones deficientes de higiene, la alimentación inadecuada y la falta de atención médica favorecen la propagación de enfermedades y agravan el estado de salud de los detenidos.
El director del OVP, Humberto Prado, cuestionó la falta de medidas para atender la crisis sanitaria en las cárceles y responsabilizó al Ministerio para el Servicio Penitenciario por las deficiencias que ponen en riesgo la vida de los reclusos.
«Me llama poderosamente la atención que el ministro, en lugar de reconocer que existe un grave problema de salud en las cárceles venezolanas, con deficiencias de higiene, alimentación y atención médica, no adopte las medidas necesarias para enfrentar esta crisis, mientras los presos siguen muriendo bajo custodia del régimen», expresó.
La organización recordó que la tuberculosis requiere diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento médico para evitar complicaciones y nuevos contagios. También señaló que las Reglas Nelson Mandela establecen obligaciones sobre el acceso a servicios de salud y la atención de enfermedades infecciosas entre la población penitenciaria.
Ante el fallecimiento, el OVP exigió al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de Querales Abreu y determinar si hubo omisiones o retrasos en la atención médica. También pidió a la Defensoría del Pueblo intervenir para proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
Asimismo, instó al ministro Julio García Zerpa a presentar resultados verificables sobre las medidas implementadas para garantizar atención médica, medicamentos, condiciones sanitarias adecuadas y reducir el hacinamiento en los centros de reclusión.
