Al menos 198 casos de violencia contra personas LGTBI ha sido registrados en Venezuela desde enero hasta septiembre, dijo este viernes a EFE la coordinadora general del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Glorielys Pérez.
La activista advirtió que este año ha continuado la «alta vulnerabilidad y violencia estructural» que vive el colectivo en el país suramericano, donde a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones.
La organización no gubernamental ha documentado 150 discursos discriminatorios, 24 casos de delitos basados en prejuicio, 22 incidentes discriminatorios, una desaparición y un episodio de violencia intragénero.
En un informe, el observatorio recordó que el pasado mayo 33 hombres fueron detenidos y extorsionados por la Policía durante un allanamiento ilegal en un local de entretenimiento LGTBI en el estado Lara (oeste).
Según los afectados, los acusaron de «ejercer el delito de la homosexualidad», señala el informe.
Posteriormente, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que cinco policías fueron detenidos y anunció una investigación.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ también documentó hasta septiembre el asesinato de dos personas del colectivo: un estilista el pasado mayo en su residencia en el estado Sucre (este) y una mujer trans de 23 años en agosto en un establecimiento nocturno en la región de Táchira (oeste).
Respecto a los incidentes discriminatorios, la ONG señala hechos relacionados con el rechazo en el entorno familiar, limitación o negación de entrada a locales nocturnos, dificultades para acceder a empleos, impedimento para donar sangre y acoso por parte de compañeros de clase o trabajo.
En 154 de los casos, los agresores fueron personas «en situación de poder», mientras que en 23 de los hechos fueron civiles y en 13 funcionarios del Estado.
La organización, que el año pasado registró 372 casos de violencia, afirmó que, tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, se quedaron con el mando «los mismos funcionarios que durante los últimos años han mantenido el control de las instituciones e implementado una política masiva y generalizada de violación a los derechos humanos».
Por otra parte, denunció una «falta de proyectos y programas con enfoques LGBTIQ+ y de género» en la respuesta humanitaria tras el devastador doble terremoto del pasado junio.
Entre sus recomendaciones, el observatorio pide el cese de discursos de odio, una investigación de abusos estatales, garantía y protección del espacio cívico para las ONG y los activistas y una integración del enfoque de género y diversidad en las respuestas humanitarias.
El pasado 31 de octubre, cientos de ciudadanos protestaron en Caracas para exigir el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en Venezuela. EFE
