La Defensoría del Pueblo dio inicio a un ciclo nacional de visitas a las distintas entidades de atención socioeducativa destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal. La iniciativa busca evaluar directamente las condiciones de reclusión, verificar el pleno respeto de los derechos fundamentales de la población atendida y dar seguimiento a los programas orientados a su reinserción.
El recorrido comenzó en el estado Lara, donde representantes de la Defensoría Delegada Especial con competencia nacional para la Protección de las Personas Privadas de Libertad acudieron al Centro Socioeducativo “Aristóbulo Istúriz”, de atención masculina, y al Centro Socioeducativo Femenino, ambos situados en la ciudad de Barquisimeto.
Durante la actividad en la capital larense, los funcionarios entablaron conversaciones directas con los jóvenes para conocer en detalle el estado de sus procesos jurídicos. Paralelamente, inspeccionaron la infraestructura física y los servicios básicos de los recintos para constatar que existan los entornos adecuados para el desarrollo de la formación académica y las actividades dinámicas diarias.
Intervención institucional y coordinación judicial
De acuerdo con la información institucional del organismo, estas labores forman parte de un plan continuo de fiscalización enfocado en la atención integral. La Defensoría precisó que la meta prioritaria contempla la supervisión de las «garantías del debido proceso, el acceso a la educación y la salud, el mantenimiento de los vínculos familiares y las oportunidades de reintegración social».
Finalmente, la institución defensorial indicó que se mantendrá una agenda de trabajo conjunta con los diversos entes que componen el Sistema de Justicia Penal. Este abordaje multidisciplinario pretende tramitar respuestas rápidas ante cualquier requerimiento detectado en las inspecciones, asegurando el cumplimiento de las competencias normativas de cada organismo participante.
