La actuación del Comité de Postulaciones Judiciales encendió las alarmas dentro de la sociedad civil tras revelarse presuntas irregularidades destinadas a condicionar la renovación de las altas instancias judiciales del país. Las decisiones adoptadas por la mayoría oficialista en el seno de la instancia parlamentaria abrieron un frente de conflicto sobre la transparencia del proceso de selección de magistrados.
Denuncian opacidad y bloqueo en revisión de expedientes
La controversia escaló luego de que la abogada Raquel Sánchez, representante de la sociedad civil en la instancia evaluadora, advirtiera sobre los aprestos políticos para validar de forma automática a aspirantes previos. Según la postura formal emitida por la jurista, la pretensión oficial apunta a que «los candidatos a magistrados del TSJ inscritos en el proceso de mayo (que fue anulado) repitan ahora, impidiendo que todos los miembros del comité revisen sus expedientes para verificar que cumplen con los requisitos».
Ante este escenario, la integrante del comité confirmó que su posición junto a otros dos colegas consistió en dejar constancia del desacuerdo institucional, por lo cual «ella y otros dos integrantes del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad». Las objeciones señalan que la falta de verificación individualizada vulnera los mecanismos de contraloría ciudadana exigidos por la ley.
Resistencia a la digitalización y advertencias de vulneración legal
Las fricciones internas también expusieron un retroceso operativo en los métodos de trabajo del órgano evaluador. La representación inconforme señaló que el sector oficial impuso un esquema arcaico de tramitación documental para obstaculizar el control cruzado entre los comisionados.
En este sentido, la denuncia detalla que «el chavismo se negó a sistematizar/digitalizar el proceso y decidió hacerlo de forma manual, lo que retrasa el trabajo e impide a todos los miembros del comité acceder en tiempo real a la información de quienes se postulan». La ausencia de bases de datos centralizadas dificulta el seguimiento oportuno de los recaudos presentados por los aspirantes.
El malestar interno se completa con advertencias sobre el rumbo de las deliberaciones y el cumplimiento del marco jurídico vigente. Las tensiones dentro del organismo encargado de depurar las nominaciones judiciales mantienen en vilo el equilibrio de los contrapesos institucionales, tras alertar puntualmente que en el seno del comité «hay algunas personas que ya quieren vulnerar la ley».
