Las negociaciones entre la compañía española Repsol y el Ministerio de Hidrocarburos venezolano han encontrado obstáculos tanto en la negociación por tasas o alícuotas de regalía e impuestos integrado de hidrocarburos como en el propio modelo de negocio que se dirime entre empresa mixta y contrato de participación productiva, conocido sobre todo por sus siglas CPP.
En el primer caso entra Petroquiriquire, en la que Repsol está en sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en proporciones de 40 % y 60 %, respectivamente. La idea con Petrocarabobo en la que sólo tiene 11 %, mientras PDVSA suma 71 % y dos compañías de India completan el restante 18 %, destaca el semanario Exclusivas Económicas.
“A Petroquiriquire le quieren aplicar una alícuota acumulada máxima de 35 % sin reconocer los problemas que afronta para levantar producción por las fallas eléctricas y las limitaciones para sacar el petróleo por la falta de dragado del lago de Maracaibo”, dijo una fuente vinculada a la operación.
En el Ministerio de Hidrocarburos se parte que la producción de Petroquiriquire, que está en casi 36.000 barriles diarios en sus cuatro campos, ya cuenta con los descuentos o rebajas suficientes luego que se dio la simplificación acordada en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reseñó Bitácora Económica.
La aspiración que hay en la empresa española es que al menos para el campo La Ceiba, y eventualmente Tomoporo, se acepte una alícuota de 30 % por regalía más impuesto integrado porque se encuentra aún en fase de recuperación.
En abril de 2021, Repsol llegó a un acuerdo con Petróleos (PDVSA) para tomar un 40 % de los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporo como parte de un plan de duplicar su producción en Venezuela mediante una inversión por el orden de 1.700 millones de dólares.
La negociación de Repsol con las autoridades venezolanas para el caso de Petrocarabobo es que cese el funcionamiento como empresa mixta y se suscriba un CPP, en el cual la compañía española pasaría a constituir una firma operadora en sociedad con las energéticas de la India.
Todo parece indicar que la propuesta será aceptada, pero también en este caso hay una disputa por la carga fiscal que se debería fijar porque Repsol quiere 25 % y en el ministerio al igual que en PDVSA se insiste en 30 %.
