Cientos de maestros marcharon este martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción decretada por el Gobierno de Rodrigo Paz y en rechazo al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está pendiente de análisis en el Parlamento.
Los dirigentes educativos convocaron a una movilización de «cacerolas vacías» en varias ciudades del país andino con el propósito de protestar contra las reformas económicas del Gobierno y la devaluación del poder adquisitivo de la población.
En La Paz, la protesta se congregó en la Casa Social del Maestro, a un par de calles de la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y Legislativo del país, que estuvieron custodiadas por la Policía, en pleno estado de excepción, vigente desde el 20 de junio.
La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos de La Paz, Anahí Bozo, dijo a EFE que las medidas económicas del Gobierno de Paz «han afectado» a las familias, como el tipo de cambio flexible y el anuncio progresivo de la subvención a los combustibles.
También criticó el acuerdo por 1.900 millones de dólares con el FMI que, consideró, viene con «imposiciones» que buscan «privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas».
Por ejemplo, en el acuerdo con el FMI, el Gobierno boliviano se compromete a eliminar la subvención a los combustibles a partir de 2027, algo que comenzó a hacer con la aplicación del decreto del 17 de agosto que levantó el subsidio al diésel para los grandes productores.
Bozo también cuestionó la extensión del estado de excepción decretada por el Gobierno el lunes y que será considerada el miércoles por el Parlamento para una eventual extensión de la medida por 90 días.
«El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos», afirmó la dirigente.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.
El conflicto en Bolivia ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos.Las pérdidas económicas se estimaron en más de 3.000 millones de dólares.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.
El lunes el Gobierno decretó la ampliación del estado de excepción ante el anuncio de movilizaciones por parte de algunas organizaciones sociales.
