En el marco de la consolidación de alianzas estratégicas para la salvaguarda de los derechos fundamentales, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dieron inicio al curso sobre Protección Internacional de Personas Refugiadas.
La actividad formativa congrega a funcionarias y funcionarios del órgano defensorial junto a Oficiales de Protección de ACNUR Venezuela y de la Oficina Regional y busca fortalecer los conocimientos del personal defensorial sobre el marco jurídico internacional y regional aplicable a la materia.
Asimismo, apunta a consolidar las capacidades institucionales para velar por el acceso al territorio, las garantías del debido proceso, la asistencia legal y la vigencia del principio de no devolución de quienes requieren protección internacional.
Durante las palabras de apertura, la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, expresó su agradecimiento a la representación de ACNUR, encabezada por Kristin Halvorsen, y al director de Asuntos Internacionales, George García, destacando el valor transformador de esta alianza:
«Para nosotros resulta esencial el enfoque sobre criterios de protección. El enfoque de derechos humanos obliga a invertir la mirada para priorizar esa titularidad de derechos antes que la propia calificación jurídica», afirmó la máxima autoridad defensorial.
Por su parte, la representación de ACNUR celebró la intensificación de estos espacios de trabajo conjunto y enfatizó la trascendencia del rol del órgano defensorial para llegar a comunidades donde la agencia no tiene presencia directa:
«Ustedes se van a encontrar con personas que tal vez nosotros no vamos a conocer, a no ser por su labor, esas personas no tendrían la oportunidad de ser escuchadas y referidas a los servicios necesarios según su situación individual», destacaron representantes del organismo, ratificando además el compromiso de continuar promoviendo jornadas de formación técnica y humana.
Con este encuentro técnico-práctico, ambas instituciones reafirman su compromiso de estrechar el trabajo conjunto para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la salud, educación, trabajo, unidad familiar y no discriminación de las personas solicitantes de asilo en el territorio nacional.
