El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa exigió la conformación de un Tribunal Supremo de Justicia autónomo e independiente en Venezuela. Su pronunciamiento ocurre en momentos en que la oposición y el chavismo adelantan negociaciones, bajo la supervisión de Estados Unidos, centradas en la reinstitucionalización del máximo tribunal, actualmente cuestionado por su cercanía al Gobierno.
A través de un video difundido en la red social X, el ex primer vicepresidente del Parlamento y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado señaló que el organismo judicial, presidido por Caryslia Rodríguez, actúa «como el bufete de abogados del chavismo».
Guanipa sostuvo que desde dicha instancia «han salido infinitas sentencias que legalizan todas las barbaridades que se han cometido en tiempos» del fallecido mandatario Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. «Estos magistrados son solo empleados de la dictadura que se disfrazan de jueces. No podemos hablar de una nueva Venezuela si esta gente sigue en el Tribunal Supremo», afirmó.
Las discusiones sobre el Poder Judicial se inscriben en el proceso de cambios institucionales promovido por el Gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Como parte de estas transformaciones, la Asamblea Nacional aprobó en mayo una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que incrementó el número de magistrados de 20 a 32. El proceso de selección para designar a los nuevos miembros quedó en suspenso en junio debido al doble terremoto que afectó el norte del país.
Por su parte, la jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, indicó que la agenda de conversaciones abarca la reinstitucionalización del TSJ, la recomposición del Consejo Nacional Electoral y la garantía de los derechos civiles y políticos en la nación.
El primer ciclo de este proceso de negociación arrancó el 6 de agosto, con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al frente de la representación chavista. En este marco, ambas partes suscribieron acuerdos enfocados en el respeto a la soberanía, la negociación de buena fe, la búsqueda de una solución política y constitucional, el reconocimiento recíproco y la protección de los derechos humanos y políticos, así como el compromiso de informar de manera oportuna sobre los avances alcanzados.
