A un mes de los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron el norte venezolano el 24 de junio, las autoridades locales y organismos técnicos avanzan en el diagnóstico de la infraestructura afectada. De acuerdo con el más reciente reporte oficial, la cifra de estructuras derrumbadas asciende a 190, dentro de un total de 856 edificaciones dañadas.
Durante la activación de brigadas comunitarias en la capital en el marco de la iniciativa habitacional «Venezuela Renace», la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló que los equipos de revisión han abordado decenas de miles de hogares para categorizar su nivel de riesgo: «Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo».
La mandataria explicó a través de Venezolana de Televisión que actualmente se trabaja en la reparación de más de 12.000 casas etiquetadas en amarillo —al no presentar compromisos en su estructura base—, mientras que las marcadas en rojo permanecen bajo análisis para determinar los arreglos procedentes.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) reportó la revisión independiente de más de 8.000 inmuebles para determinar su seguridad y aconsejar a las comunidades. Según la institución, más del 70 % de las estructuras examinadas resultaron aptas para habitar, mientras que cerca del 25 % se catalogó como no habitable o de uso precavido. Rafael Argotti, integrante de la directiva del CIV, sostuvo que los despliegues proseguirán principalmente en los sectores caraqueños con mayor concentración urbana y edificaciones antiguas.
El saldo humano de la tragedia registra 5.546 víctimas mortales, 16.740 personas con heridas y casi 18.000 ciudadanos desplazados de sus hogares. En el plano macroeconómico, proyecciones del Banco Mundial valoran las pérdidas materiales directas en 19.600 millones de dólares, alertando que la lentitud en la fase de reconstrucción podría comprometer la dinámica económica nacional durante los próximos diez años.
