El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha llevado a cabo la inspección de más de 8.000 edificaciones en Caracas tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, con el propósito de evaluar las condiciones de habitabilidad, detectar fallas críticas y formular recomendaciones a la ciudadanía y a los gobiernos locales para reducir vulnerabilidades.
A través de una nota de prensa oficial, la institución precisó el balance técnico de las revisiones realizadas hasta la fecha:
- Más del 70 % de las estructuras evaluadas fueron catalogadas como habitables.
- Alrededor del 25 % quedó clasificado bajo la condición de «habitabilidad con precaución» o «no habitable».
Voluntariado profesional y proyecciones de evaluación
Para la ejecución de estas evaluaciones, la organización gremial activó un despliegue de profesionales en las áreas impactadas de la ciudad capital. «Hemos tenido la presencia de unos 6.000 colegas en las zonas afectadas, prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población», sostuvo Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV.
Argotti indicó además que las inspecciones técnicas proseguirán en los sectores que concentran «mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital». La nota de prensa añade que se proyecta alcanzar una cifra global de 12.000 evaluaciones estructurales mediante la articulación entre el CIV, las alcaldías, instituciones universitarias, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Balance de daños e impacto económico
El reporte se da al cumplirse un mes de los movimientos telúricos que impactaron de forma severa la región norte de Venezuela. Según los datos oficiales emitidos por el Gobierno, el evento ha dejado un saldo de al menos 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.907 ciudadanos desprovistos de vivienda. Asimismo, se contabilizan unos 856 edificios con daños estructurales y 190 edificaciones colapsadas.
Por su parte, en un informe difundido este jueves, el Banco Mundial calculó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los sismos en el país, advirtiendo que un ritmo lento en las tareas de reconstrucción podría condicionar el proceso de recuperación económica durante los próximos diez años.
