La organización no gubernamental de derechos humanos Provea rechazó este sábado el anuncio sobre la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma, instrumento fundador de la Corte Penal Internacional (CPI), puntualizando que la medida carece de efectos inmediatos y no paralizará los procesos de investigación abiertos por el tribunal multilateral.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, la ONG explicó que la desvinculación efectiva se concreta transcurrido un año desde su notificación, por lo que los posibles crímenes perpetrados en dicho lapso, sumados a los ocurridos con anterioridad, continúan sujetos a la jurisdicción de la Corte para futuras investigaciones y condenas.
Asimismo, el organismo citó las disposiciones del tratado internacional al recordar que el retiro «no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto». En ese contexto, la entidad enfatizó: «Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro».
La postura del Gobierno venezolano fue argumentada inicialmente el viernes por el canciller Félix Plasencia, quien justificó la renuncia al Estatuto de Roma al acusar a la CPI de actuar con un «sesgo» enfocado de manera «desproporcionada» en naciones de África y América Latina para atender intereses ajenos a la justicia universal. Posteriormente, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó la decisión aduciendo que el tribunal instrumentaliza expedientes para agredir a poblaciones del «sur global».
Desde La Haya, la CPI lamentó la determinación adoptada por el Ejecutivo venezolano, recordando que la condición de Estado parte se mantiene durante doce meses adicionales, al igual que los deberes de colaboración en los expedientes iniciados. La Corte aclaró en un comunicado remitido a la prensa que aún no había recepcionado la notificación formal mediante la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, remarcando a su vez que adherirse o desvincularse de un convenio internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados».
Las actuaciones de la Fiscalía de la CPI en territorio venezolano iniciaron en 2018 con un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad, derivando en 2021 en una investigación formal. A pesar de una solicitud introducida por las autoridades venezolanas en abril de 2022 para suspender el proceso a favor de las instancias judiciales internas, la Corte autorizó la reactivación de las pesquisas en junio de 2023 tras evaluar que los procedimientos nacionales no abarcaban el alcance requerido. Si bien en diciembre pasado la Fiscalía clausuró su oficina técnica en Caracas por la falta de «progreso real» en la complementariedad de las causas, la fiscalía con sede en La Haya mantiene activas las investigaciones de su equipo especializado.
